Miles de personas marcharon este sábado en la ciudad siciliana de Messina para protestar contra el plan del gobierno de construir un puente sobre el Estrecho de Messina. El proyecto, valorado en 13.500 millones de euros, busca conectar Sicilia con el continente italiano, pero enfrenta una fuerte oposición por su alto costo, el riesgo sísmico y su impacto ambiental.
Preocupaciones por el Impacto y la Corrupción
Los manifestantes, que según los organizadores sumaron unas 10.000 personas, expresaron su rechazo al proyecto por múltiples razones. Entre ellas, el riesgo de terremotos en la región, las consecuencias ambientales para la zona y la posibilidad de que la mafia interfiera en la construcción. Muchos coreaban «El Estrecho de Messina no se puede tocar» y portaban pancartas que decían «No al Puente».
Además, los opositores están molestos porque alrededor de 500 familias deberán ser expropiadas para la realización del proyecto.
Defensa del Gobierno y Detalles de la Construcción
El ministro de Transporte, Matteo Salvini, principal defensor del proyecto, lo ha calificado como «el mayor proyecto de infraestructura en Occidente». Salvini ha asegurado que el puente generará hasta 120.000 empleos anualmente y ayudará a impulsar la economía del sur de Italia.
El plan contempla la construcción del puente colgante más largo del mundo, con una longitud de casi 3,7 kilómetros. Este tendría tres carriles para automóviles por sentido y una doble vía férrea. Se espera que el puente reduzca el tiempo de cruce en ferry de 100 a solo 10 minutos en auto.
Los trabajos preliminares podrían comenzar a finales de septiembre o principios de octubre, con la construcción completa prevista para 2026 y una finalización entre 2032 y 2033. El gobierno también ha justificado el proyecto como una infraestructura estratégica para la defensa, argumentando que facilitaría la movilidad de tropas y equipos.
Sin embargo, grupos ambientalistas han presentado quejas ante la Unión Europea, citando el posible impacto en las aves migratorias, y el presidente de Italia ha insistido en que el proyecto se rija por la ley antimafia, una preocupación que el gobierno de Giorgia Meloni ha prometido priorizar.
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