El ataque de EEUU a Venezuela y el colapso del derecho internacional

Richard Falk*

Al Jazeera

El ataque estadounidense a Venezuela el 3 de enero debe entenderse no solo como un uso ilícito de la fuerza, sino como parte de un cambio más amplio hacia una geopolítica nihilista en la que el derecho internacional se subordina abiertamente a la gestión imperial de la seguridad global. Lo que está en juego no es solo la soberanía de Venezuela, sino el colapso de cualquier confianza restante en la capacidad del sistema de las Naciones Unidas, y en particular de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para contener la agresión, prevenir el genocidio o defender las normas jurídicas fundamentales que dicen defender.

La intervención militar, sus consecuencias políticas y la retórica que la acompaña del liderazgo estadounidense exponen un sistema en el que la legalidad se invoca selectivamente, el poder de veto sustituye a la rendición de cuentas y la coerción reemplaza al consentimiento. Venezuela se convierte así en un caso de estudio y una advertencia: no del fracaso del derecho internacional como tal, sino de su marginación deliberada por parte de los Estados encargados de gestionar la seguridad global.

Desde la perspectiva del derecho internacional, esta acción constituye un recurso crudo, descarado, ilegal y no provocado a la fuerza agresiva, en clara violación de la norma fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2(4), que dice: “Todos los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. La única salvedad a esta prohibición se establece en el Artículo 51: “Nada en la presente Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas”. Esta flagrante violación de la soberanía territorial y la independencia política venezolanas estuvo precedida por años de sanciones estadounidenses, semanas de amenazas explícitas y recientes ataques letales a buques que presuntamente transportaban drogas, así como incautaciones de petroleros que transportaban petróleo venezolano.

Esta acción unilateral se vio agravada aún más por la captura del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, supuestamente guiadas por la CIA, para enfrentar cargos de «narcoterrorismo» en un tribunal federal estadounidense, en aparente violación de la inmunidad soberana. Esta postura imperial, que ignora abiertamente la inmunidad de los líderes extranjeros, fue subrayada por la intención declarada del presidente Trump de dirigir la formulación de políticas venezolanas por un período indefinido, aparentemente hasta que el país se «estabilizara» lo suficiente como para restaurar la producción petrolera bajo los auspicios de las principales corporaciones estadounidenses, incluidas Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips. Cuando se le preguntó quién estaba a cargo del gobierno de Venezuela, Trump respondió con impaciencia: «Estamos a cargo».

Hay más en juego políticamente en este drástico cambio de rumbo de la Política de Buena Vecindad estadounidense, asociada a la diplomacia latinoamericana desde 1933 y la presidencia de Franklin D. Roosevelt, de lo que aparenta incluso el más perspicaz. Por supuesto, esta tradición de relaciones de cooperación se vio repetidamente socavada tras la revolución castrista en Cuba y la victoria electoral de Salvador Allende en Chile.

La mayoría de los observadores informados asumieron que el ataque a Venezuela tenía como objetivo lograr un cambio de régimen, instalando a María Corina Machado, ferviente defensora de la intervención estadounidense, líder de larga data de la oposición anti-Maduro y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, cuyo discurso de aceptación elogió efusivamente a Trump como el candidato más merecedor. El acontecimiento más inesperado de la intervención ha sido la omisión de Machado y la instalación en su lugar de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela. Washington afirmó confiar en que Rodríguez cooperaría con los intereses estadounidenses, en particular en relación con el petróleo y otros recursos venezolanos, y restablecería la estabilidad en términos compatibles con las prioridades estadounidenses. Trump incluso declaró que si Machado hubiera rechazado el Premio Nobel alegando que lo merecía, ella se habría convertido en la presidenta de Venezuela.

Una explicación más plausible es que Machado carecía de suficiente apoyo interno para estabilizar el país, mientras que Rodríguez parecía dispuesto a adaptarse a las demandas económicas estadounidenses, en particular las relacionadas con el control de los recursos naturales de Venezuela, a la vez que gozaba de un amplio apoyo popular. La narrativa «prodemocrática» previa al ataque, promovida por la propaganda estatal estadounidense, adquirió poca credibilidad gracias a esta continuidad de liderazgo, en lugar de una marcha simbólica a Caracas junto a Machado para presidir su investidura como la nueva líder títere de Venezuela. Sin embargo, tras reunirse con Trump el 9 de enero, ejecutivos de las principales corporaciones petroleras estadounidenses, consideradas ampliamente como las principales beneficiarias de la intervención, expresaron reservas sobre la reanudación de sus operaciones, alegando preocupación por la inestabilidad tras la toma de posesión estadounidense.

Aclarar las relaciones entre el derecho internacional y la seguridad global

Esta operación militar en Venezuela, junto con sus consecuencias políticas, viola claramente el derecho internacional que rige el uso de la fuerza, tal como se codifica con autoridad en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso esta evaluación, aparentemente sencilla, contiene ambigüedad. El diseño institucional de la Carta privilegia a las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, otorgándoles membresía permanente en el Consejo de Seguridad y un veto irrestricto. En efecto, la responsabilidad de gestionar la seguridad global se confió deliberadamente a estos Estados, que también se convirtieron en las primeras potencias con armas nucleares, lo que les permite a cualquiera de ellos bloquear la acción del Consejo de Seguridad incluso con el apoyo de una mayoría de 14 a 1.

El Consejo de Seguridad es el único órgano político de la ONU autorizado para emitir decisiones vinculantes, aparte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sin embargo, la CIJ opera bajo jurisdicción voluntaria, ya que los Estados pueden negar su consentimiento a lo que se conoce como «jurisdicción obligatoria». Como resultado, la gestión de la seguridad global se ha dejado en la práctica a la discreción de los Cinco Permanentes, generalmente dominados por Estados Unidos o paralizados por vetos.

En este sentido, la operación venezolana debe entenderse menos como una señal del colapso del derecho internacional que como una expresión de una gestión geopolítica nihilista. De ser así, la solución adecuada no es simplemente fortalecer el derecho internacional, sino despojar a los actores geopolíticos del rol de gestión que se han asignado en la seguridad global. La agresión de Rusia contra Ucrania en 2022 puede interpretarse de manera similar: un fracaso geopolítico, condicionado por las provocaciones irresponsables de la OTAN, que culminó en la propia violación provocada, pero flagrante, del Artículo 2(4) por parte de Rusia.

La operación venezolana erosiona aún más la confianza residual en la capacidad de los Cinco Permanentes, y en especial de los Estados Unidos de Trump, para gestionar la paz, la seguridad y la prevención del genocidio. Por lo tanto, refuerza la necesidad de considerar marcos alternativos, ya sea reduciendo el veto o trasladando la gobernanza de la seguridad más allá de la ONU hacia mecanismos contrahegemónicos, como los BRICS, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y los emergentes marcos de desarrollo Sur-Sur.

No obstante, cabe destacar que el derecho internacional sigue siendo indispensable y eficaz en la mayoría de los ámbitos de interacción transfronteriza. En ámbitos como la inmunidad diplomática, la seguridad marítima y aérea, el turismo y las comunicaciones, las normas jurídicas negociadas suelen respetarse y las controversias se resuelven pacíficamente. El derecho internacional funciona donde prevalece la reciprocidad, pero nunca ha limitado la ambición de las grandes potencias en el ámbito de la seguridad global, donde predominan las asimetrías del poder duro.

La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para 2025: una geopolítica nihilista

Para comprender el lugar de Venezuela en la cosmovisión de Trump, es esencial examinar la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en noviembre de 2025. La carta de presentación de Trump está impregnada de narcisismo y desprecio por el internacionalismo, incluyendo el derecho internacional, las instituciones multilaterales y la ONU. Proclama: «Estados Unidos ha vuelto a ser fuerte y respetado, y gracias a ello, estamos construyendo la paz en todo el mundo». Esta retórica, patológica en cualquier persona común, resulta alarmante cuando la emite un líder que controla el uso de armas nucleares. Trump concluye prometiendo hacer de Estados Unidos un país «más seguro, más rico, más libre, más grande y más poderoso que nunca».

La Estrategia Nacional de Seguridad (NSS) invoca repetidamente la «preeminencia» como el objetivo central de la política exterior estadounidense, que debe perseguirse por todos los medios. La intervención venezolana parece una secuela de la complicidad estadounidense en el genocidio israelí en Gaza y un posible preludio a nuevos proyectos, como el control de Groenlandia y nuevas amenazas militares contra Irán. Sin embargo, el documento se centra principalmente en América Latina, enmarcado en un resurgimiento de la Doctrina Monroe, ahora reforzada por el explícitamente llamado «Corolario Trump», conocido coloquialmente como la «Doctrina Donroe».

Este giro hemisférico abandona la ambición posGuerra Fría de un liderazgo global estadounidense, perseguido por Obama y Biden, que consumió vastos recursos en fallidas iniciativas de construcción de Estados en Libia, Irak y Afganistán. En cambio, prioriza la extracción de recursos, asegurando el petróleo, las tierras raras y los minerales con inmensos beneficios para las corporaciones estadounidenses, a la vez que margina a la OTAN y abandona el multilateralismo, lo que subyace a la reciente retirada de Estados Unidos de participar en 66 entidades institucionales distintas, incluido el tratado sobre el cambio climático. Venezuela, con sus vastas reservas petroleras, su ubicación estratégica y su gobierno populista autoritario, brindó un campo de pruebas ideal y desvió convenientemente la atención de los líos personales de Trump con Jeffrey Epstein.

En la práctica, la intervención se asemeja más a un golpe de Estado que a un cambio de régimen, acompañada de una exigencia explícita de que el nuevo liderazgo acate las órdenes de Washington como precio a su supervivencia política. Trump y su secretario de Estado, el exiliado cubano Marco Rubio, vincularon abiertamente a Venezuela con futuros intentos de cambio de régimen en Colombia y Cuba. Trump lanzó una cruda amenaza al presidente colombiano Gustavo Petro y, según informes, las fuerzas estadounidenses asesinaron a 32 miembros cubanos de la Guardia Presidencial de Maduro.

Trascendencia

Sigue siendo incierto si el gobierno de Delcy Rodríguez negociará un acuerdo que preserve la soberanía formal y, al mismo tiempo, ceda el control sustancial. Tal resultado indicaría la adopción de la diplomacia de las cañoneras de la era digital, revirtiendo el principio de la ONU de Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales y restableciendo un orden hemisférico jerárquico. Esta visión incluso contempla la subordinación de la soberanía canadiense a las preferencias políticas y económicas de Washington.

Las reacciones internacionales al ataque contra Venezuela han sido moderadas, reflejando miedo, confusión o una percepción de inutilidad. Mientras tanto, la rivalidad geopolítica se intensifica, en particular con Rusia y China, lo que plantea el espectro de una nueva Guerra Fría o un conflicto nuclear. La Estrategia Nacional de Seguridad (NSS) deja claro que la preeminencia estadounidense exige excluir de la región a todas las potencias extrahemisféricas, al mencionar repetidamente «nuestro hemisferio».

El episodio venezolano ejemplifica así una estrategia más amplia: el rechazo del derecho internacional, la marginación de la ONU y la afirmación unilateral del dominio estadounidense en el hemisferio occidental, junto con una posible intervención en casi cualquier lugar del planeta, pero con relevancia inmediata para Groenlandia e Irán.

*Richard Falk es Profesor Emérito de Derecho Internacional Albert G. Milbank en la Universidad de Princeton e Investigador del Centro Orfalea de Estudios Globales. También fue Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los palestinos.