En un movimiento que marca una reconfiguración estratégica de su política hacia el Cono Sur, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha dado luz verde a una serie de licencias para dinamizar el sector hidrocarburos en Venezuela.
A través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo emitió este martes un paquete de licencias que permiten el flujo controlado de bienes, tecnología y servicios especializados para la producción y comercialización de petróleo y gas, bajo un esquema de supervisión estricta que busca equilibrar el suministro energético global con el mantenimiento del régimen sancionatorio general.
Alcance técnico y logística operativa
El despliegue normativo incluye la creación de la Licencia General 48, orientada a la provisión de insumos técnicos, junto con la Licencia General 46A, que regula actividades específicas con crudo de origen local. Adicionalmente, la Licencia General 30B garantiza la continuidad operativa de puertos y aeropuertos, facilitando la logística necesaria para el transporte de carga. Según la documentación oficial, estas medidas habilitan transacciones consideradas fundamentales para el levantamiento, refinación y venta del crudo, abarcando incluso servicios complementarios como seguros marítimos y almacenamiento, siempre que se cumplan rigurosos protocolos de reporte ante las autoridades estadounidenses.
Restricciones vigentes y supervisión financiera
Las nuevas directrices son explícitas al prohibir cualquier tipo de exploración de nuevos yacimientos o la inyección de capital fresco en el sector, limitando el alcance únicamente a la operatividad de los proyectos ya existentes. Asimismo, el Tesoro ha dejado claro que los mecanismos de pago resultantes de estas actividades comerciales permanecerán bajo una vigilancia constante y no podrán involucrar a actores o naciones que figuren en las listas de restricciones internacionales de Washington.
Hacia la estabilidad del mercado
Este ajuste en la política de licencias ocurre en un momento donde Venezuela proyecta elevar su producción a niveles históricos para finales de 2026, lo que sitúa a estas autorizaciones como un componente clave para el mantenimiento de la infraestructura actual. Aunque las sanciones estructurales permanecen vigentes, la entrada en vigor de estas licencias abre una ventana de estabilidad operativa para las empresas internacionales con presencia en el país, quienes ahora cuentan con un marco legal más amplio para gestionar el mantenimiento y la logística de sus activos en territorio venezolano.
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