Venezuela anunció este viernes 24 de julio de 2026 que inició su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo el viernes en su cuenta de X que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127».
Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, reseñaron innumerables medios internacionales.
Alegatos del gobierno
Esa decisión se debe a que «Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos», indicó el recién designado ministro de Relaciones Exteriores.
Según Plasencia, se trata de un «patrón» que «revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos».
La CPI señaló en un comunicado que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera «apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».
Lea también: https://sandyaveledo.net/empresas-petroleras-se-apresuran-a-adaptar-los-controles-al-nuevo-marco-legal-venezolano/
