El Dialogo…
…El proceso de diálogo entre integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la Asamblea Nacional (AN) presidida por Jorge Rodríguez arrancó el 1 de agosto de 2026 mediante una llamada telefónica entre Dinorah Figuera y el propio Rodríguez. Las partes acordaron una agenda centrada en tres puntos prioritarios y una reunión presencial que se celebrará en Caracas esta semana. En la agenda a debatir figuran tres puntos; Atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. La delegación de la AN, en la que no están incluidos parlamentarios de la oposición, estará coordinada por Jorge Rodríguez, e integrada por Ana María Sanjuán, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante. Esa delegación habría dejado por fuera a la línea más dura y radical del gobierno, representada por Diosdado Cabello y figuras como Nicolás Maduro Guerra, debido a presiones de EE.UU. La delegación de la AN 2015, la encabeza la exdiputada Dinorah Figuera, quien estará acompañada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Jorge Millán, todos ellos exparlamentarios de Primero Justicia y Voluntad Popular que, según los entendidos, siguen lineamientos de Julio Borges (PJ) y Leopoldo López (VP). Una mesa de diálogo “chucuta” como dirían algunos, que excluye a los parlamentarios opositores de la actual AN; al sector opositor, para muchos el más importante, que lidera María Corina Machado, y a la mayoría de los independientes. Aunque la propia María Corina Machado ha dicho que no será un factor de perturbación para esta mesa, junto a Edmundo González Urrutia, emitió un comunicado asegurando que no participa “ni en el diseño, ni en el desarrollo de este mecanismo”, por lo que muchos analistas afirman que el éxito de este diálogo sin Machado y la Plataforma Unitaria es altamente improbable y carece de legitimidad real. La Casa Blanca, no obstante, respalda este formato de negociación estructurado específicamente entre la AN en funciones, presidida Rodríguez y la AN elegida en 2015 presidida por Figuera. El secretario de estado Marco Rubio confirmó que Washington participará y estará «muy activamente comprometido» en el desarrollo de esta mesa de negociación. Pero el presidente Donald Trump ha matizado las expectativas generales, advirtiendo que Venezuela «aún no está lista» para celebrar elecciones inmediatas debido al colapso institucional existente, por lo que se da como un hecho que pese a las presiones de ciertos sectores de la oposición radical y de factores que se abrogan la representación de la “sociedad civil,” este año no habrá elecciones en Venezuela…
La salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional….
… El 24 de julio de 2026 el Estado venezolano notificó oficialmente su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI). El anuncio lo hizo el canciller Félix Plasencia, quien en un post en su cuenta de X afirmó; “Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, @antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127”. Plasencia continúo asegurando que; “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”. Venezuela suscribió el Estatuto de Roma que creó la CPI, el 17 de octubre de 1998 y lo ratificó formalmente el 7 de junio de 2000. El país, además ratificarlo, ejerció una defensa jurídica activa en el Tribunal desde que se abrió el examen preliminar y posterior investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad (Caso Venezuela I). El Estado venezolano también accionó ante la CPI introduciendo acusaciones propias (Caso Venezuela II), señalando a Estados Unidos por la imposición de sanciones económicas y medidas coercitivas unilaterales que “constituían crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana”. Esta denuncia interpuesta por Venezuela fue desestimada por la CPI al concluir que las sanciones de EE. UU. no tipificaban bajo los parámetros del Estatuto de Roma para configurar crímenes internacionales competencia de la Corte. En el caso Venezuela I, el gobierno de Nicolás Maduro presentó recursos legales en su defensa ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Apelaciones para impugnar y detener las facultades investigativas del Fiscal, alegando formalmente bajo el Artículo 18 del Estatuto, que la CPI no debía intervenir porque el sistema judicial venezolano ya se encontraba investigando y sancionando los presuntos delitos de forma autónoma. Sin embargo, todos estos recursos de defensa fueron rechazados por los jueces del tribunal al determinar que el país no realizaba investigaciones genuinas o sustanciales internamente. El 11 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Jorge Rodríguez, aprobó la Ley Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma. La ley, que fue sancionada en su segunda discusión por unanimidad, se presentó como «Ley por Palestina y la Humanidad y Ley Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, título con el que, según algunos internacionalistas, se pretendió minimizar el negativo impacto de la derogatoria, que se justificó con argumentos similares a los esgrimidos posteriormente por el canciller Plasencia, sobre el sesgo político, el doble rasero e injerencia contra países del Sur Global por parte de la CPI. La “Ley por Palestina” que derogó el Estatuto de Roma fue aprobada mientras Nicolás Maduro estaba todavía en el poder. El propio mandatario aplaudió la norma aprobada acusando a la CPI, que lo estaba investigando, de ser un instrumento de «colonialismo jurídico”. Lo curioso es que se llamara a esa Ley derogatoria “Ley por Palestina y la Humanidad” cuando ya la Corte, en diciembre de 2024, había emitido órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la comisión de Crímenes de Guerra y delitos de Lesa Humanidad en la franja de Gaza. Ahora, la “denuncia” formal del Estatuto de Roma ha sido oficializada por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Llama la atención que el anuncio de la salida de Venezuela de la CPI se produjo días después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijera que su país desmontará “ladrillo a ladrillo” a la CPI. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aplaudió la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional. Washington, que ya había impuesto sanciones económicas y restricciones de viaje a varios jueces, fiscales y funcionarios de CPI, buscando frenar o castigar las investigaciones y órdenes de arresto emitidas contra líderes de Israel por crímenes cometidos en Gaza, calificó a la CPI como un organismo «corrupto e inútil», argumentando que carece de credibilidad, independencia y legitimidad. Pero lo más resaltante o paradójico de todo este asunto es que al apoyar la salida de Venezuela de la CPI, voceros de la Casa Blanca hayan criticado duramente a la Corte por su falta de resultados y su supuesta ineficiencia al mantener una investigación contra Nicolás Maduro desde 2018 sin emitir resoluciones concretas ni una orden de arresto en su contra. Sobre la salida de Venezuela de la CPI, no se han escuchado mayores pronunciamientos en contra por parte de los diversos sectores de la oposición. Los diputados opositores en la Asamblea Nacional votaron conjuntamente con los representantes del gobierno por la Ley derogatoria del Estatuto de Roma. Los diputados de la AN del 2015 encabezados por Dinorah Figuera, que por instrucciones del Departamento de Estado de EE.UU instalaron una Mesa de Negociación con la AN presidida por Jorge Rodríguez, han guardado silencio, seguramente para no contrariar al gobierno de Trump. La propia María Corina Machado ha hecho “mutis por el foro”, aunque uno de sus principales asesores, el abogado Perkins Rocha, afirmó que la solicitud de Venezuela para retirarse de la CPI carece de sustento legal y de viabilidad bajo los parámetros del Derecho Internacional Público y de la Constitución. Mas allá del cuestionamiento que Rocha hizo a Delcy Rodríguez por lo que alega es su falta de legitimidad, el abogado puntualizó que el artículo 23 de la Constitución otorga jerarquía constitucional a los acuerdos sobre derechos humanos vigentes en el país, indicando que el principio de progresividad impide cualquier retroceso en la protección de los ciudadanos frente a delitos graves. “Resulta que no existe ningún resquicio legal, constitucional ni político que permita ni justifique en el derecho internacional que un gobierno (de facto como el presente e inclusive legítimo), utilice la denuncia de un tratado para evadir su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos como los que han sido denunciados y cursan hoy ante la CPI contra Nicolás Maduro y su entorno» dijo Rocha. Como quiera que sea, la salida de Venezuela de la CPI ha sido rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Provea y el Foro Penal señalaron que la salida del Estatuto de Roma busca crear un «blindaje» para funcionarios señalados por abusos y crímenes de lesa humanidad. Para Amnistía Internacional, la salida de Venezuela de la CPI representa un duro golpe a los derechos humanos y un intento inútil de evadir la justicia. La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas instó formalmente a las autoridades de Caracas a revocar y reconsiderar su decisión de denunciar el Estatuto de Roma. La Misión de la ONU lamentó que la administración venezolana busque eludir los mecanismos internacionales destinados a la rendición de cuentas, especialmente al no haber adoptado previamente medidas nacionales significativas para investigar crímenes graves cometidos durante la última década. A pesar del silencio que guarda buena parte de la oposición y el aplauso del gobierno de Trump, la salida de Venezuela de la CPI puede considerarse un grave error que deja desprotegida a la población civil ante graves delitos que podrían cometerse en el futuro una vez que se haga efectivo el retiro de la Corte en junio de 2027. Por otro lado, la salida no frena las investigaciones en curso contra el gobierno, como lo señala acertadamente Perkins Rocha. En un artículo publicado en Al Jazeera la ex Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, aseguró que: “Los esfuerzos por exigir responsabilidades a los perpetradores de atrocidades —desde Núremberg hasta la creación de tribunales especiales de la ONU— allanaron el camino para la Corte Penal Internacional. Su creación en 2002 transmitió un mensaje contundente; las atrocidades masivas, consideradas simplemente como una forma de política por otros medios, ya no podían quedar impunes, los perpetradores debían rendir cuentas, la impunidad era intolerable. El desarrollo histórico de estas normas puede considerarse un logro trascendental, ya que esta transformación normativa no solo ha despertado la conciencia de la humanidad respecto a las atrocidades, sino que también ha redefinido las expectativas de rendición de cuentas por crímenes tan graves y ha transformado la narrativa y el lenguaje con los que abordamos estas cuestiones cruciales.” Lamentablemente, y como también lo afirma Bensouda, “los mismos poderes que en su día moldearon y, al menos en apariencia, fomentaron estas normas e instituciones de justicia internacional, ahora socavan flagrantemente su integridad, ya sea por desafío, invocación selectiva o politización”. Al retirarse de la Corte, Venezuela aparece alineada con un nefasto gobierno como el de Donald Trump, que está decidido a desmontar “ladrillo a ladrillo” a la CPI y a otras importantes instituciones como la ONU, que hoy se tambalean vulnerables ante las amenazas y maquinaciones de quienes anteponen su arrogancia y poder ilimitado a los derechos humanos y los principios del ordenamiento jurídico internacional…
Aumentan los apagones…
…Los apagones y racionamientos eléctricos en Venezuela han aumentado con cortes diarios de 5 a 6 horas, en casi todos los estados del país, y con interrupciones no programadas, resultado de problemas en las redes de distribución, explosión de transformadores y otros incidentes que han ocasionado cortes de energía eléctrica que en algunos casos han durado días en estados como Zulia, Aragua, Falcon y Carabobo. El Gobierno, que siempre tiene a la mano una buena excusa para todo, adjudica las fallas al aumento de las temperaturas, la sequía y la mayor demanda por la actividad económica, además de daños en la infraestructura térmica. Durante la firma de un memorando de entendimiento el pasado el lunes 15 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un acuerdo estratégico con la empresa estadounidense General Electric (GE Vernova) para rescatar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El plan buscaría recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y superar los 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años. Pero hasta el momento, los términos financieros y los montos exactos de inversión del acuerdo con General Electric no han sido revelados públicamente. El proceso se encuentra en fase de transición técnica y legal tras la firma del memorando de entendimiento. En Carabobo, por otro lado, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, admitió que el estado sufre fallas severas en la prestación del servicio eléctrico. El mandatario regional afirmó que la crisis se debe a problemas estructurales por falta de recursos, el impacto de ondas de calor y las limitaciones en el sistema de transmisión desde Guri, anunciando racionamientos programados de cinco horas diarias. Lacava estimó una estabilización y mejoría del servicio eléctrico para mediados del mes de agosto de 2026. El gobernador detalló que para esa fecha se prevé la incorporación de aproximadamente 750 megavatios (MW) a la red de la Región Central, alertando que esta meta depende del avance y entrada en funcionamiento de unidades en la Generación Termoeléctrica de Planta Centro y la planta Pedro Camejo. La planta Pedro Camejo ha estado aportando energía de forma provisional y rotativa para mitigar las fluctuaciones de carga. Sin embargo, su estabilización definitiva y el fin de los racionamientos dependen de la meta de agosto fijada por el ejecutivo regional. En Planta Centro, por su parte, equipos técnicos estiman poner en servicio la Unidad 6, que aportará entre 500 y 600 megavatios, entre los meses de julio y agosto de este año. Pero los reiterados apagones en Carabobo indican que hasta ahora eso no ha ocurrido, iniciado ya el mes de agosto. La planta termoeléctrica Termocarabobo quedó fuera de servicio debido a los severos daños estructurales ocasionados por el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio de 2026. Se dice que esta falla apagó las cuatro máquinas principales de la central, interrumpiendo abruptamente la generación de 600 megavatios (MW) en el estado, agravando la crisis eléctrica en la región. Pero antes de los sismos, los apagones ya eran cosa frecuente en Carabobo, como lo había reconocido públicamente el propio gobernador Lacava desde abril de este año. Antes del sismo, el complejo Termocarabobo era precisamente la solución que se estaba levantando para aumentar la generación de electricidad en el estado. Tras recibir una dotación masiva de más de 300 transformadores y equipos en mayo, mediante el Plan Cayapa Eléctrico, Corpoelec había logrado reactivar parcialmente la planta. La meta original anunciada por el gobierno carabobeño era estabilizar el servicio a mediados de este año apoyándose en esa recuperación. Como quiera que sea, la gerencia de CORPOELEC poco o nada informa, aumentando el desasosiego de los carabobeños, que continúan padeciendo prolongados y recurrentes apagones…
