Acuerdo Electoral…
…Luego de la firma en el Salón Elíptico del Palacio Federal, del Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y aplicación de garantías electorales para la elección presidencial 2024, se estima que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente rector de los procesos comiciales en Venezuela, anuncie la fecha de dichas elecciones. A propósito de la firma del Acuerdo, el presidente Nicolas Maduro expresó su reconocimiento al trabajo realizado por la Asamblea Nacional y su presidente Jorge Rodríguez, durante todo un mes de trabajo. “Luego de casi un mes de diálogo inclusivo, interactivo, con todos los sectores políticos, partidistas, sociales, económicos, culturales, intelectuales, académicos, religiosos del país hoy firmaron en la Asamblea Nacional un documento bien completo, que recoge lo mejor de los diálogos, de los acuerdos ¡Ha sido un trabajo ejemplar!”, manifestó. Llamo la atención la ausencia, en la firma del Acuerdo, de representantes de la Plataforma Unitaria, que en reuniones realizadas con el gobierno como corolario de los acuerdos de Barbados, que contaron con la participación del mediador noruego Dag Nylander, habían propuesto el 8 de diciembre como fecha de realización de los comicios presidenciales. Días antes de la firma del Acuerdo, el jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, insistió en la línea excluyente de descalificar a los sectores de la oposición que no forman parte de la Plataforma, exigiendo al gobierno que negociara el calendario electoral con “la verdadera oposición”, a lo que el candidato presidencial de Acción Democrática (AD), Luis Eduardo Martínez, respondió que Blyde y la Plataforma Unitaria (PU), en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes (2021) habían obtenido votaciones sustancialmente menores que las de los factores que no pertenecen a esa alianza en varios estados. En un programa de televisión, Martínez invitó a Blyde a revisar los resultados en la página del CNE para que verificara que los votos obtenidos por los partidos que están fuera de la PU, entre ellos AD, fueron en varios estados mayores que los sumados por la PU, poniendo como ejemplo los casos de Caracas y Táchira, donde los candidatos Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) y Lady Gómez (AD) obtuvieron la mayoría de los votos de la oposición. “Ni tu ni yo determinamos cual es la oposición mayoritaria, eso lo determina el pueblo venezolano votando” “Si se empeñan en mantenerse por separado, con una política excluyente, ustedes serán los responsables de que se mantenga esta tragedia en Venezuela” aseguró Martínez…En las elecciones regionales del 2021, la oposición, en su conjunto, obtuvo más votos que los partidarios de Maduro en 14 estados donde no obstante resultaron electos los candidatos del PSUV por la división opositora…
La Corte Penal Internacional continuará investigación por crímenes de lesa humanidad…
…Los jueces de la Sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron el pasado viernes el recurso de Venezuela contra la reanudación de una investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían cometido funcionarios del gobierno del presidente Nicolas Maduro que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La Sala desestimó el recurso presentado por el gobierno venezolano en el que se aseguraba que no habían ocurrido crímenes de lesa humanidad y que en el país se investigaba en los tribunales nacionales, por lo que no era necesario que lo hiciera la CPI, atendiendo al principio de la complementariedad. “La Sala de Apelaciones desestima la apelación y confirma la decisión impugnada”, dijo el magistrado Marc Perrin de Brichambaut. Con la decisión, se da luz verde al fiscal Karim Khan para reanudar su investigación sobre los presuntos delitos. En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI anunció la apertura de una investigación formal (Caso Venezuela I) tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión de 2018 por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. En abril del 2022, el gobierno de Maduro solicitó diferir las investigaciones de la CPI a favor de las autoridades venezolanas, quienes continuarían las pesquisas. Siete meses después, Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte autorización para reanudar esa investigación al considerar que Caracas no estaba haciendo lo suficiente en el caso, permiso que recibió en junio del año pasado. En noviembre del 2023, la CPI celebró audiencias en las que el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Yvan Gil, aseguró que la justicia nacional ya llevaba a cabo sus procesos, y señalando que “más de 255 agentes del Estado habían sido imputados, y que 62 resultaron condenados”, por lo que calificó de “casos de violaciones de derechos humanos”. “En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos”, agregó entonces Gil. El fiscal contestó que su investigación estaba en “fase preliminar” y era “poco razonable que pudiera identificar sospechosos o establecer el alcance real del caso”, rechazando así la posición de Caracas…
Dos años de guerra en Ucrania…
…El 24 de febrero del 2022, Rusia invadió a Ucrania en una dramática escalada de la guerra que sostenía con este país que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Tres días antes de la invasión, el presidente ruso Vladímir Putin, criticando la ampliación de la OTAN y la eventual incorporación de Ucrania a esa alianza militar, reconoció, el 21 de febrero del 2022, a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, dos estados autoproclamados en la región de Dombás en el este de Ucrania, y envió tropas a esos territorios. El 24 de febrero, Putin anunció —en un mensaje televisado— una «operación militar especial» en el territorio de Donetsk y Lugansk; las fuerzas terrestres rusas entraron en Ucrania dando inicio a diferentes ofensivas. La invasión rusa recibió una condena de buena parte de la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una Resolución condenando la invasión y exigiendo la retirada total de Rusia. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Rusia suspender las operaciones militares (algo que no ha hecho en el caso del genocidio que comete Israel en Gaza). Numerosos gobiernos, principalmente europeos y norteamericanos, impusieron sanciones a Rusia y su aliado Bielorrusia, proporcionando una multimillonaria ayuda económica y militar a Ucrania, cuestionada por muchos países del sur global que han señalado que la ayuda ha estado plagada por hechos de corrupción y ha beneficiado a la industria militar de los países que la proporcionan en detrimento de las necesidades de esa parte del mundo. Los compromisos de la Unión Europea (UE) el mayor donante de Ucrania, entre el 24 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2024 sumaron más de 145.000 millones de euros, según el Instituto de Kiel, que cuantifica la ayuda militar, financiera y humanitaria prometida y entregada a Ucrania, mucho más que el aporte total de unos 50.000 millones de euros al año, que hace la UE, considerada el mayor donante de ayuda internacional del mundo, para acabar con la pobreza y promover el desarrollo global… Es difícil calcular el número de civiles y militares heridos o muertos durante los dos años de guerra en Ucrania. En diciembre de 2023, un informe desclasificado de los servicios de inteligencia estadounidenses enumeraba 315.000 soldados heridos o muertos en el bando ruso. Moscú por su parte no hace públicos sus datos, aunque algunas fuentes gubernamentales afirman que no llegan a 10.000 los soldados rusos que han muerto en los combates. El ‘New York Times’ reveló en agosto de 2023 que 70.000 soldados ucranianos habían muerto y entre 100.000 y 120.000 habían resultado heridos, según estimaciones de funcionarios estadounidenses. Las pérdidas rusas serían mayores: 120.000 soldados rusos habrían muerto entre el inicio de la guerra y agosto de 2023 y entre 170.000 y 180.000 habrían resultado heridos. Casi de 10 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. De ellos, más de 6,4 millones son refugiados en el extranjero. La guerra en Ucrania representa una verdadera tragedia para los países directamente involucrados, Ucrania y Rusia, y para el resto del mundo por el negativo impacto que el conflicto ha tenido en la producción de alimentos y en las relaciones internacionales del planeta. Solo los mercaderes de la guerra y una casta de políticos belicistas se benefician de una sangrienta confrontación que, como lo advirtieron en su momento experimentados estadistas como el recientemente fallecido ex Secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger y el reconocido teórico de las relaciones internacionales John Mearshimer (Universidad de Chicago), ha podido evitarse…
El genocidio en Gaza…
…Gran parte de la comunidad internacional ha condenado y pedido respuestas a la agresión del pasado jueves en Gaza en la que murieron más de cien personas que intentaban conseguir comida en un convoy humanitario en la Ciudad de Gaza. El gobierno de Israel, que admitió que sus soldados dispararon contra la multitud, aseguró, como siempre sin pruebas, que la mayoría de las personas fallecieron asfixiadas o atropelladas, mientras que las autoridades palestinas han denunciado que fue por los disparos de los militares israelíes. El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una “investigación independiente” sobre la matanza, como lo han hecho también el Gobierno alemán y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha reclamado que se redoblen los esfuerzos para una tregua que permita la entrega de ayuda en el enclave. El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó: “Estas muertes son totalmente inaceptables. Privar a las personas de ayuda alimentaria constituye una grave violación del derecho internacional humanitario”. El presidente de EE UU, Joe Biden, se limitó ayer a decir que su Gobierno estaba revisando lo ocurrido. El ataque se produjo en la calle Al Rashid, en el sureste de la ciudad de Gaza. En ese lugar, más de 1.000 personas aguardaban el reparto de ayuda humanitaria cuando el Ejército de Israel abrió fuego y lanzó artillería contra ellos. «El ataque fue premeditado e intencionado, en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza. El ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría», denunció el gobierno de Gaza en un comunicado. El Ejército israelí asegura que disparó contra la multitud congregada para recibir ayuda humanitaria porque suponía «una amenaza». Los militares israelíes dijeron en un comunicado que decenas de personas resultaron heridas «en empujones y pisoteos» tras rodear los camiones con ayuda humanitaria e iniciar saqueos. Insólitamente el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidió detener la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ya que, asegura, «pone en peligro» la vida de sus soldados. Desde que estalló el conflicto el pasado 7 de octubre han muerto más 30.000 palestinos a manos de Israel, y otros 71.000 han resultado heridos. La mayoría de las víctimas son civiles inocentes, mujeres y niños. Los desaparecidos también se cuentan por miles…el genocidio en Gaza continúa…
El Regreso de Mancuso…
…Salvatore Mancuso, uno de los fundadores del sanguinario grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), regresó el pasado martes a su país deportado por Estados Unidos, donde cumplía su condena de prisión por narcotráfico. Mancuso fue condenado en EE.UU., en el 2015, a una pena de 15 años y 10 meses de prisión que cumplió en marzo del 2020 porque el juez que lo sentenció le convalidó parte de la condena que ya había cumplido en Colombia, donde estuvo encarcelado desde el 2006, así como los años que había pasado en prisión en Estados Unidos a la espera de su juicio. El temido jefe paramilitar aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá y de inmediato fue trasladado a la cárcel La Picota, en el sur de la capital colombiana. Los abogados de Mancuso habían pedido que fuera llevado a Italia debido a su doble nacionalidad o permanecer en Estados Unidos, pero el exjefe paramilitar cambió de opinión y accedió a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para realizar aportes a la verdad sobre su participación en el conflicto armado interno de Colombia. Mancuso ya ha participado de forma remota en varias audiencias de la JEP, en las que ha proporcionado información sobre cómo las AUC ejercían de “bisagra” entre el ejército de Colombia y los paramilitares… Salvatore Mancuso era un rico y reconocido ganadero del departamento de Córdoba, en el norte de Colombia cuando comenzó su carrera criminal a comienzos de los años 90 armando civiles y colaborando con el ejército para proteger los latifundios que eran amenazados por las guerrillas. En 1994, junto a los hermanos Vicente y Carlos Castaño, Mancuso fundó el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue nombrado como jefe del Estado Mayor de esa organización, acusada de ser el actor armado más violento del conflicto interno colombiano. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las AUC cometieron la mitad de los 262.000 homicidios derivados del conflicto armado en Colombia entre 1958 y el 2016. En uno de sus relatos ante la JEP, en el 2023, Mancuso mencionó nombres de políticos que habrían apoyado su causa, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe y el ex vicepresidente Francisco Santos. El antiguo jefe paramilitar ha admitido que las AUC simpatizaban con los planteamientos ideológicos de Uribe, y aseguró que apoyaron la elección del expresidente en 2002. “Recibí directamente órdenes de mis comandantes de apoyar al presidente Uribe, candidato a la Presidencia en ese momento”, dijo sobre esa elección. Mancuso se desmovilizó en el 2004, junto con otros 1.400 hombres del Bloque Catatumbo, uno de los más feroces de las AUC. En el 2008, el entonces presidente Uribe decidió extraditarlo junto a otros jefes paramilitares con el argumento de que estaban delinquiendo desde la cárcel en Colombia. Para los críticos del entonces popular mandatario de derecha, la decisión fue un intento por callar al excomandante. Mancuso había dicho que el asesor más cercano de Uribe como gobernador de Antioquia en los años noventa, Pedro Juan Moreno, ayudó a conformar y fortalecer a los paramilitares y que fue un intermediario del mandatario para ordenar masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos… El expresidente Uribe ha rechazado categóricamente esas afirmaciones en diversos medios, redes sociales y tribunales, pero el regreso de Mancuso a Colombia, para responder ante la justicia colombiana y también como uno de los gestores de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el ámbito de su política de Paz Total, ha sembrado mucha inquietud en políticos de la derecha colombiana y en antiguos jefes del ejército que todavía no rinden cuentas de su participación en la desaparición y asesinato de civiles inocentes (falsos positivos) y en los peores crímenes cometidos durante los oprobiosos años del conflicto armado de Colombia…
Hidrocentro corta el agua violando derechos humanos de varias familias…
…En casi todo el mundo, la desconexión del servicio de agua por falta de pago derivada de la carencia de recursos económicos constituye la violación a un derecho humano fundamental; el derecho al agua y al saneamiento. En España, varias sentencias judiciales, que ya han creado jurisprudencia confirman, que el servicio de suministro de agua, ya sea con empresa privada o pública, al ser un bien básico gestionado por un monopolio, es una “tasa”, no un precio privado, y en el caso de las tasas, no se puede cortar el servicio aunque haya impago. En América Latina la jurisprudencia de varios países asume posturas similares. En Venezuela de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Constitución, toda persona tiene derecho a una vivienda higiénica, con los servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares así como a la salud como derecho social fundamental, y que forma parte del derecho a la vida, por lo que el Estado está obligado a garantizar el acceso a los servicios, especialmente el de agua que va directamente ligado al de salud. Además de las garantías constitucionales, en nuestro país existe además jurisprudencia que condena los cortes de suministro de agua, medida a la que muchas veces recurren las juntas de condominio contra propietarios morosos, y que en abierta violación a la Constitución y las leyes viene aplicando Hidrocentro en la gran Valencia. Hace unos días recibimos denuncias que la empresa hidrológica carabobeña, que presta además un pésimo servicio caracterizado por los recurrentes cortes y racionamientos de agua, aumento sus tarifas de manera escandalosa, pero además la “gerencia” de Hidrocentro viene aplicando cortes de agua a edificios enteros por falta de pago y condicionando el restablecimiento del servicio a pagos totales o parciales de imposible cumplimiento para las comunidades afectadas. En uno de los casos que hemos corroborado, la deuda de un conjunto residencial de unas 70 familias, supera los 3.000 dólares. Hidrocentro procedió raudo a cortar el agua al edificio completo sin notificación previa y ahora exige pagos perentorios en dos cuotas. Los vecinos de la mencionada comunidad a duras penas lograron reunir para cancelar aproximadamente el 40% del monto adeudado, por lo que se ordenó restablecimiento del servicio, pero un empleado de la hidrológica que suscribió el ilegal convenio con un representante de la Junta de Condominio del inmueble “sancionado” ha demandado un nuevo pago en cuestión de pocos días en el entendido de que “de faltar al compromiso ya mencionado se procederá nuevamente al corte inmediato del servicio sin poder llegar nuevamente a la formalización de un nuevo convenio, ya que fallaron a dicho acuerdo, solo se reconectara al cancelar el monto total de la deuda la cual es de 73.494,33 bs (poco más de 2.000 dólares) hasta la fecha de hoy» (sic). El documento, escrito a mano y mal redactado, en una hoja sin membrete de la empresa, refleja la arbitrariedad con la que la “gerencia” de Hidrocentro viene manejando el asunto de una morosidad que en buena medida es resultado de su propia ineficiencia a la hora del cobro del servicio y por los desmedidos aumentos (como ocurre con Corpelec), irrespetando por añadidura los derechos humanos de los ususarios, la Constitución y las leyes…Hacemos un llamado al gobernador Rafael Lacava para que tome cartas en el asunto y se garanticen la dignidad y los derechos humanos de los carabobeños víctimas de estos atropellos de Hidrocentro…
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