La batalla legal del cantante Julio Iglesias ha dado un giro este lunes 19 de enero: su representante legal, el reconocido jurista José Antonio Choclán, presentó un escrito formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando el archivo inmediato de la investigación. El argumento central se basa en que la justicia española carece de facultades legales para procesar hechos ocurridos fuera de sus fronteras.
Los pilares del recurso judicial
La defensa sostiene que la denuncia por presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas no debe tramitarse en España por tres razones fundamentales:
- Falta de Jurisdicción: Los hechos habrían ocurrido en residencias del Caribe (Bahamas y República Dominicana). Según Choclán, el artista no solo reside habitualmente en el extranjero, sino que las denunciantes tampoco poseen nacionalidad española ni viven en el país europeo.
- Improcedencia del foro: La defensa argumenta que las víctimas deben acudir a los tribunales del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. «El primer acto procesal no puede ser elegir la jurisdicción que más les convenga», sentenció el abogado.
- Protección de imagen: El escrito insta a la Fiscalía a frenar lo que califica como una «campaña mediática» que está provocando un daño reputacional severo e irreparable a la figura del artista de 82 años.
Un conflicto de fronteras
Aunque la ley española permite perseguir ciertos delitos graves cometidos por españoles en el extranjero, la defensa de Iglesias enfatiza que, al no haber víctimas españolas ni menores de edad involucrados, no se cumplen los requisitos para activar la justicia transnacional.
Por ahora, la Audiencia Nacional deberá evaluar si admite estos argumentos o si continúa con las diligencias para determinar si existen indicios suficientes para citar al cantante, quien ha reiterado desde sus redes sociales que enfrentará este proceso con el objetivo de «defender su dignidad».
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