Ricardo Combellas*
“Desde el punto de vista de los hombres, la relación entre protección y obediencia sigue siendo la única explicación para el poder. Quien no tiene poder para proteger a alguien tampoco tiene el derecho de exigirle obediencia. Y viceversa: quien necesita protección y la recibe no tiene derecho a rehusar la obediencia”.
Carl Schmitt, Diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso.
Palabras como las citadas de Carl Schmitt, un hombre que como pocos en nuestra época meditó y escribió páginas célebres y controvertidas sobre el poder, lo ejerció, lo disfrutó y también lo padeció, deben estar rondando la cabeza no solo de la presidenta Delcy Rodríguez, al igual de la coalición gobernante que dirige, y aunque de forma diferente, también de quienes se oponen a ella para intentar hacerse con el poder.
Curiosa la rueda del tiempo presente. El tiempo que se alarga con Delcy Rodríguez en la cima del poder significa mayores posibilidades de asentarse, de rodearse de su gente más confiable y competente, de incorporar los más capaces, así antes fueran sus oponentes y de crear un clima propicio al entendimiento y la colaboración. Me refiero a ese clima que enorgullece a las democracias sanas y que llamamos la convivencia pacífica, ese paso de la dictadura a la democracia que tan bien describe Fernando Mires, caracterizado por dejar de ser enemigos como en la dictadura, a ser adversarios como debe ser en la democracia.
La “protección” de la que habla Schmitt , para la inmensa mayoría de los venezolanos es primero y antes que todo vivir sin miedo, disfrutar de la paz, mejorar sus duras condiciones de vida, lo que les permita alimentarse, o a todo evento alimentarse mejor, poder llegar al día último del mes mínimamente satisfecho del disfrute del pan nuestro de cada día, mantener decorosamente a su familia, traer del cielo a la tierra la palabra mágica ( me refiero a la justicia social) en torno a la cual brotan los derechos sociales y los hermosos principios estampados en nuestra Constitución. Esa “protección” anuncia una lucha por nuestros derechos económicos hoy conculcados por injustas sanciones , así como una efectiva redistribución de la riqueza que despoje a los pocos de sus privilegios y la reparta de forma equilibrada y justa en la sociedad. La protección social es el gran desafío de la presidenta Rodríguez, pues una vez lograda tendrá garantizada la obediencia, el respaldo activo en que se sostiene la legitimidad. No soy novedoso en el concepto, pues sigo aquí la idea de legitimidad tal como la describe el reconocido politólogo Seymour Lipset: la capacidad del sistema político para generar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
En suma, el avance en las metas económicas que apuntalen favorablemente la actual estructura del poder, generará las condiciones para un apoyo de la ciudadanía que contribuirá sin duda a una mayor estabilidad del sistema. La tarea sigue siendo no obstante inconclusa. Si queremos una efectiva transición hacia un régimen democrático, deben adelantarse dos procesos en los cuales hay prácticamente un consenso entre los estudiosos: la liberalización y la democratización, que en nuestro caso significan ni más ni menos que cumplir el mandato constitucional. La liberalización, con la progresiva efectividad de los derechos civiles y políticos establecidos en nuestra ley superior, y la democratización que concluya en unas elecciones libres sustentadas en el principio cardinal de la soberanía popular. Ambas ( liberalización y democratización) pueden desarrolllarse en plazos temporales distintos o no, pero en todo caso expresan una hoja de ruta segura y compartida hacia un nuevo régimen democrático que recoja los deseos profundos y compartidos de la sociedad venezolana.
* Abogado, político, politólogo y escritor venezolano, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999 y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado desde 1994 hasta 1999
