Luego de su aprobación en la Asamblea Nacional, la noche de este jueves 19 de febrero, fue promulgada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
En un acto oficial desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez Gómez, firmó el instrumento legal que busca marcar un hito en la política nacional.
Durante el acto de la rúbrica, Rodríguez calificó la aprobación como un acto de grandeza y desprendimiento personal y colectivo.
“Cada uno de los que hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, señaló.
La norma se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.
La ley «no es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela. Sin duda mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos, de muchas familias que a pesar de no estar presas, también están sometidas al sufrimiento de la prisión de sus seres queridos», dijo la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión creada para la consulta pública de la ley de amnistía.
Uno de los puntos conflictivos de la ley radicaba en si se podía conceder amnistía a las personas que abandonaron el país para evitar un arresto, ya que el documento establecía que los exiliados debían ponerse a derecho ante un tribunal antes de acogerse a la amnistía.
El problema fue superado con una modificación que estableció que, excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado a un abogado de su confianza y elección, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad.
