En una intervención definitoria ante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, el presidente de España Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas drásticas para regular el ecosistema digital. Bajo la premisa de que las plataformas se han convertido en un «Estado fallido» donde impera la impunidad, España se une a la vanguardia global (siguiendo los pasos de Australia) para restringir el acceso de los menores a entornos virtuales no supervisados.
Los pilares de la nueva Ley Digital
El Gobierno español aprobará la próxima semana un decreto que transformará la relación entre ciudadanos y grandes tecnológicas a través de cinco ejes fundamentales:
- Restricción por edad: Se prohibirá legalmente el acceso a redes sociales a todos los menores de 16 años, exigiendo a las plataformas la implementación de barreras de verificación reales y efectivas.
- Fin de la impunidad ejecutiva: Los directivos de las plataformas serán legalmente responsables de las infracciones cometidas en sus redes, eliminando el vacío legal que protegía a las cúpulas corporativas.
- Delito algorítmico: Se tipificará por primera vez como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenido ilegal o desinformación con fines de lucro.
- Huella de Odio y Polarización: Se creará un sistema pionero de rastreo y trazabilidad para cuantificar el discurso de odio, permitiendo sancionar a las plataformas que alimenten la división social.
Foco en Grok, TikTok e Instagram
Sánchez fue enfático al señalar que la Fiscalía iniciará vías de investigación específicas sobre las posibles infracciones de plataformas como Grok (IA de X), TikTok e Instagram, especialmente tras polémicas recientes sobre la difusión de imágenes sexualizadas de menores generadas por IA.
“Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra. Vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera”, sentenció el mandatario ante el plenario.
Hacia una «Coalición de los Dispuestos»
España no actuará sola; el presidente confirmó que el país se ha unido a otros cinco socios europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales”. Esta alianza multilateral busca establecer un estándar ético y regulatorio que garantice un entorno digital saludable, protegiendo a las nuevas generaciones de la adicción, el acoso y la pornografía.
La medida ha generado un intenso debate político en España: mientras sectores civiles celebran la protección a la infancia, la oposición cuestiona la viabilidad técnica de las prohibiciones y el impacto en la libertad de expresión.
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