El Parlamento de Portugal ha dado luz verde a la prohibición del uso del burka y otras prendas que oculten o dificulten la exhibición del rostro en espacios públicos. La propuesta, presentada por el partido de extrema derecha Chega, fue aprobada este viernes con el apoyo de varias formaciones políticas.
La iniciativa establece la prohibición del «uso, en espacios públicos, de prendas destinadas a ocultar o dificultar la exhibición del rostro», como es el caso del burka, y también penaliza el acto de «obligar a alguien a ocultar su rostro por razones de género o religión».
Votación, Excepciones y Debate Político
La propuesta recibió votos a favor del PSD, Iniciativa Liberal y CDS-PP, mientras que el PS, Livre, PCP y Bloco de Esquerda votaron en contra. PAN y JPP optaron por la abstención.
La normativa contempla excepciones, pues la prohibición no se aplicará si la ocultación del rostro está justificada por:
- Motivos de salud, profesionales o artísticos.
- Razones de seguridad o condiciones climáticas.
- En aviones, locales diplomáticos o lugares de culto.
El líder de Chega, André Ventura, defendió la propuesta en el debate argumentando que quienes llegan a Portugal deben «cumplir, respetar y hacer respetar las costumbres y los valores de este país». En contraste, el diputado del PS, Pedro Delgado Alves, acusó a la extrema derecha de intentar «dirigir el odio hacia estas comunidades». El PSD, partido de gobierno, si bien votó a favor, indicó que el texto debe ser «perfeccionado» en comisiones.
Sanciones y Proceso Legislativo Pendiente
Quienes incumplan la normativa se enfrentarán a multas que oscilan entre 200 y 2.000 euros en caso de negligencia, y de 400 a 4.000 euros si la conducta es dolosa. Además, se aplicarán penas de prisión de hasta tres años a quienes obliguen a otros a ocultar su rostro por coacción o violencia.
La ley pasará ahora a la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías para su debate y posibles enmiendas. Solo entrará en vigor 30 días después de su publicación oficial, tras la promulgación por el Presidente de la República.
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