El Parlamento de Italia ha promulgado una ley que introduce formalmente el feminicidio en el derecho penal del país, estableciendo la cadena perpetua como pena máxima para este crimen. La legislación, aprobada con 237 votos a favor en la Cámara Baja, coincidió con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La ley, impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, responde a una ola de indignación pública generada por casos de alto perfil, como el asesinato de la universitaria Giulia Cecchettin en 2023. Además de la tipificación del feminicidio, la normativa incluye medidas más estrictas contra el acoso y la pornografía de venganza.
El Debate Clave: ¿Represión sin Prevención?
A pesar del amplio apoyo bipartidista (incluyendo el voto de la oposición de centro-izquierda) la ley ha intensificado un debate crucial sobre cómo abordar la violencia machista.
La oposición señaló que el gobierno se enfoca únicamente en el aspecto criminal del problema (la represión) sin resolver las profundas divisiones económicas y culturales. La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, insistió en que «la represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las escuelas».
La urgencia del tema se refleja en las estadísticas: el organismo Istat registró 106 feminicidios en 2024, de los cuales 62 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.
Controversia sobre la Educación Sexual en Escuelas
La polarización sobre la prevención se manifiesta en la discusión de una ley gubernamental que busca prohibir la educación sexual y emocional para estudiantes de primaria, requiriendo el consentimiento paterno para las clases de secundaria.
Activistas y partidos de oposición han calificado este proyecto de ley de «medieval», argumentando que Italia, uno de los pocos países europeos sin educación sexual obligatoria en las escuelas, necesita urgentemente esta herramienta para transformar la cultura patriarcal que subyace a la violencia de género. La primera ministra Meloni, por su parte, defendió la ley como un mecanismo para proteger a los niños del «activismo ideológico».
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