Por su supuesta implicación en las protestas sociales ocurridas entre mayo y junio la Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra Evo Morales.
La acción legal también incluye al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación por estos mismos sucesos.
La orden señala al ex presidente Morales por los supuestos delitos de «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos».
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz y luego se le sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, los campesinos de La Paz y la COB impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como «única demanda».
El conflicto dejó 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención, el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Aparte de esto, Morales es investigado por trata agravada de personas y acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
