La Asamblea Nacional aprobó este viernes 31 de julio, por unanimidad y en segunda discusión, la nueva Ley de Régimen Especial de Arrendamientos de Viviendas, que ahora será enviada a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación y entrada en vigencia.
Entre los cambios más importantes, la ley establece que el monto del alquiler será fijado por mutuo acuerdo entre propietario e inquilino.
Si el contrato se pacta en moneda extranjera, el inquilino podrá pagar su equivalente en bolívares a la tasa oficial del BCV del día del pago.
La normativa también elimina la aplicación de las leyes anteriores de control de arrendamientos y contra desalojos para los contratos firmados bajo este nuevo régimen.
Además, los desalojos de viviendas arrendadas solo podrán ser ordenados por un tribunal de municipio o por un tribunal arbitral, dejando fuera los procedimientos administrativos.
La ley también incorpora la mediación de los jueces de paz para resolver conflictos entre arrendadores e inquilinos antes de llegar a instancias judiciales.
Causales de rescisión del contrato
De acuerdo a la nueva legislación, el propietario podrá solicitar la rescisión del contrato si el inquilino incurre en alguna de estas causales:
* Tres meses consecutivos sin pagar el alquiler.
* Tres meses sin cancelar servicios como agua, electricidad o aseo.
* Subarrendar o traspasar el inmueble sin autorización.
* Causar daños que excedan el desgaste normal o hacer modificaciones no autorizadas.
* Cambiar el uso del inmueble sin el consentimiento del propietario.
Estimular el mercado inmobiliario
La nueva Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, busca estimular el mercado inmobiliario, fijar acuerdos mutuos en los cánones y atender la emergencia tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026. Consta de 27 artículos y fueron creados para dar respuesta habitacional a los afectados por los sismos recientes
Es importante destacar que la normativa expresa, igualmente que los inmuebles exigen condiciones aptas para vivir y se prohíbe rentar en zonas de alto riesgo.
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