RAÚL DÍAZ MARÍN*
Público es
Cuando la hija de Josefina se acercó a Ariadna a entregarle unos papeles que probablemente ayudarían a encontrar el paradero de su bisabuelo, le explicó que su madre al principio se los negó porque sentía que estaba traicionando la memoria de su padre, alcalde y colaborador con los militares en su pueblo en el momento del golpe de Estado de 1936. Sin embargo, Josefina, que nunca pudo ver el mar de la mano de su también desaparecido maestro Antoni Benaiges, se muestra en la película de Patricia Font como una auténtica revolucionaria de la memoria, invitando al espectador a salir de sí mismo, abrazar la empatía y ser capaz de redimirse de ese silencio, de ese deber de sigilo, de esa imposición tan trabajada, tan interesada y tan impuesta en nuestro país desde el golpe hasta hoy, cuando siguen sin encontrarse a miles de compatriotas que dieron su vida por defender nuestro país y con él, la Democracia.
Una Democracia que durante mucho tiempo olvidó a los últimos en defenderla bajo la pátina de un silencio «reconciliador» que nunca fue tal, más bien al contrario: las víctimas del bando vencedor fueron reparadas desde el primer momento en plazas, calles e incluso de forma patrimonial, y todas las demás siguieron en un ostracismo vergonzante para una sociedad avanzada como es la España de hoy.
Así que ha llegado el momento de cumplir con los principios básicos de verdad, justicia y reparación como garantía de no repetición, para acabar de pasar esa página de nuestra historia reciente que dictaba un comportamiento silente con los demócratas antifranquistas como supuesta vía rápida para llegar a la reconciliación española. Y es que jamás se podrá consolidar nuestra Democracia sobre una base sin dignidad ni reparación del dolor de tantas víctimas, sabiendo que España sigue siendo uno de los países con más fosas comunes y un genocidio sin juzgar.
De esos principios universales nacen las políticas de memoria democrática, y lo que piden no es venganza, es reparación; no es buscar culpables, es encontrar dignidad. Entonces, ¿cómo es posible que 46 años después de nuestra Constitución y 85 del fin de la Guerra de España, haya un solo diputado dispuesto a derogar en 2024 las leyes de memoria de sus territorios que aún no han podido posibilitar la exhumación de tantos desaparecidos? Y lo que es peor, dejar sin fondos a las administraciones públicas para cumplir la ley de memoria de 2022, insultando de paso al abnegado movimiento memorialista tachándolo de chiringuito.
¿Cómo es posible que en la España de hoy haya partidos que equiparen la República a la dictadura, como si fuera lo mismo un régimen democrático a uno fascista? ¿Cómo es posible que quieran dejar sin efecto el reconocimiento de los combatientes españoles caídos en campos de concentración nazi? Es que esto está pasando hoy en Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Baleares o Castilla y León.
Es aberrante y es indigno, y estos postulados exigidos por VOX en los acuerdos de gobierno son coherentes en lo suyo porque a ellos les sobra la memoria y parece ser que también la Democracia, pero que hayan sido aceptados sin tacha por el PP es profundamente decepcionante. El PP se describe a sí mismo como partido de Estado y «constitucionalista», pero se está demostrando incompatible con múltiples resoluciones que conducen a nuestro país por la senda de la reparación y las políticas de memoria democrática.
Lo pude comprobar hace unas semanas; tuve la oportunidad de preguntar a los diputados de la derecha en la Comisión Constitucional si estaban de acuerdo o no con la Resolución 39 del Consejo de Seguridad de la ONU que tilda al régimen de Franco como fascista y asentado gracias a Hitler y Mussolini; con la resolución de su Asamblea General en 2006 que indica las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones; con la recomendación 1736 del mismo año del Consejo de Europa, que condena el franquismo e insta a España a honrar a sus víctimas; o con la resolución del Parlamento Europeo de 2009 que condena los crímenes totalitarios en España y pide el reconocimiento de las víctimas.
Irónicamente obtuve el silencio como respuesta, así que habrá que preguntarse qué estamos haciendo mal como país para que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en 2024 no pueda suscribir lo que acordó por unanimidad el 20 de noviembre de 2002: «el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista».
Que el PP español sea una anécdota en suelo europeo a la hora de no establecer un cordón sanitario a la extrema derecha tiene efectos tan tristes como los de eliminar la protección de los lugares de memoria, dejar sin fondos a las administraciones públicas para cumplir su deber de exhumación de los demócratas españoles tirados por barrancos y cunetas, sacar a las asociaciones memorialistas de los consejos para la búsqueda de tantos españoles desaparecidos y hacer borrón y cuenta nueva con quien defendió y murió por que en nuestro país la soberanía siguiera residiendo en el pueblo español.
Y que no nos vengan con eufemismos: ya tenemos una ley de concordia, que además goza del máximo estatus y el más alto nivel de protección. Se llama Constitución Española. Entiendo que los negacionistas de la memoria busquen sin parar los espacios silentes de ese encuentro constitucional de 1978, pero poco de «constitucionalista» tiene ponerse a derogar en contra de todos los que creemos en la verdad, la justicia y la reparación como garantía de no repetición. Porque sí, habrá un puñado de diputados del PP y VOX dispuestos a derogar para volver al pasado, pero cada vez hay más Josefinas que han hecho el tránsito opuesto, del silencio a la cooperación, poniendo voz y piel a tantas personas y tanto dolor.
Los demócratas de la España de 2024 somos más y no vamos a seguir silentes; no nos vamos a quedar impasibles y a resignar a que quienes dieron su vida por defender una España moderna y democrática sufran hoy su tercera victimización: asesinados, enterrados y vilipendiados en cunetas y fosas primero; olvidadas a través del silencio selectivo de la Transición después y por último con el borrado que pretenden PP y VOX a través de la derogación de aquellas víctimas que sí pudimos identificar y honrar.
*Portavoz socialista de memoria democrática en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de España