Según lo declarado por el diputado Jorge Rodríguez, la Ley de Amnistía, aprobada en la Asamblea Nacional tiene algunos límites.
El borrador de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promete una “amnistía general y plena” para delitos políticos, pero acota su alcance a 10 episodios específicos de violencia, incluido el periodo tras las elecciones de julio de 2024.
Esto generó dudas sobre el alcance de la ley, pero Rodríguez aclaró que el documento tendrá algunas limitaciones estrictas para preservar la soberanía nacional y el orden constitucional.
Los diputados opositores siguen analizando la redacción de la ley y apuestan por introducir cambios durante el debate del articulado.
Una de las propuestas más determinantes es la derogación de normas que vienen usándose para perseguir a críticos del Gobierno, como la ley contra el odio, que permite encarcelar a ciudadanos por expresarse en redes sociales.
Los parlamentarios Antonio Ecarri y Pablo Pérez, miembros de la comisión parlamentaria que trabaja el texto, también plantean derogar la ley contra el fascismo y suspender los procesos administrativos que derivaron en inhabilitaciones y otras restricciones de derechos políticos.
El borrador actual tiene apenas seis páginas y contempla la amnistía para personas procesadas o condenadas por delitos políticos en el contexto de diez episodios considerados clave en la historia de la confrontación política venezolana.
Entre ellos se incluyen el golpe contra el Presidente Chávez y el paro petrolero que concluyó en febrero de 2003; y las protestas de febrero, marzo y agosto de 2004.
Hasta el mismo día del debate parlamentario habían circulado versiones más amplias del proyecto, que contemplaban, por ejemplo, la liberación inmediata de manifestantes sin vincular los casos a episodios concretos. En el texto actual, esas particularidades no aparecen contempladas, reseña El País.
Aunque el presidente de la AN dijo que había que reconocer los errores, perdonas y pedir perdón, también señaló que el diálogo político no puede integrarse con sectores que han fomentado la subversión o que han realizado llamados abiertos a una intervención extranjera.
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Señaló que quienes festejaron los ataques contra el país el 3 de enero de 2026 o mantienen la búsqueda de salidas violentas, se autoexcluyen de cualquier proceso de pacificación nacional por voluntad propia.
