Joan Royo Gual/El País/Río de Janeiro
La Fiscalía de Brasil pide cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber liderado una conspiración para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El fiscal general, Paulo Gonet, apuró este lunes por la noche hasta el último minuto del plazo para presentar su parecer y no movió una coma respecto a la denuncia presentada en febrero. Después de los interrogatorios y la recopilación de pruebas de los últimos meses, considera que no hay dudas de que el exmandatario ultraderechista lideró la trama para aferrarse al poder. Pide que sea condenado por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Juntas, las penas máximas por estos crímenes suman más de 43 años de cárcel. Para el fiscal, Bolsonaro generó “de forma consciente un ambiente propicio a la violencia y al golpe” y usó las estructuras y recursos del Estado “para fomentar la radicalización y la ruptura democrática”.
La Fiscalía también pide que se condene a los otros siete integrantes del “núcleo crucial” de la trama, los exministros y altos mandos militares de confianza de Bolsonaro que movieron los hilos de la estrategia golpista. Los que salen peor parados y podrían enfrentarse a la misma condena que Bolsonaro son el excomandante de la Marina Almir Garnier, que fue el único de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en ponerse al servicio del golpe; el exministro de Justicia Anderson Torres; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general Walter Braga Netto, que fue jefe de Gabinete, ministro de Defensa y aspiraba a ser vicepresidente. Está preso desde diciembre del año pasado por intentar interferir en la investigación. El fiscal también arroja un jarro de agua fría sobre la pieza clave en el proceso: el ex secretario personal de Bolsonaro, Mauro Cid, cuyas confesiones ayudaron a que los investigadores fueran tirando del hilo. A pesar de que firmó un acuerdo que contemplaba beneficios penales a cambio de información, el fiscal considera que hubo omisiones importantes por lo que pide que se le aplique un tercio de la condena.
La investigación concluyó que el golpe no prosperó porque los militares resistieron a las presiones de Bolsonaro y su círculo más cercano. El plan incluía asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez que instruye el caso, Alexandre de Moraes, enemigo número uno de la extrema derecha brasileña. Aun así, el 8 de enero de 2023, tras una primera semana de Lula en el Gobierno, miles de radicales invadieron los principales edificios institucionales de Brasilia. Muchos de ellos ya cargan con duras condenas de cárcel. La Fiscalía señala que lo que pasó aquella jornada fatídica puede que no fuera el objetivo principal del grupo, “pero pasó a ser deseado e incentivado cuando se volvió la última opción disponible”. El fiscal también remarca que todos los movimientos están probados por los propios protagonistas, que dejaron un nutrido rastro de grabaciones, manuscritos, archivos digitales e intercambios de mensajes. Tras el posicionamiento de la Fiscalía se abre el plazo para que los imputados presenten sus alegaciones finales. Si los tiempos judiciales se cumplen, se espera que el juicio quede visto para sentencia en el mes de septiembre.
La petición de la Fiscalía llega pocos días después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de subir los aranceles a las exportaciones brasileñas hasta el 50% como represalia por la “caza de brujas” que en su opinión está sufriendo Bolsonaro. Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que se instaló en EE UU para hacer lobby en favor de su padre, ha repetido en varias ocasiones en los últimos días que la solución para el problema tarifario es una amnistía para Bolsonaro y los otros acusados de golpismo. También confía en que en breve EE UU anuncie sanciones específicas contra el juez Moraes. A pesar de las presiones, de momento el curso judicial avanza con normalidad.
Bolsonaro sabe que lo tendrá muy difícil para esquivar la condena, que le dejaría definitivamente fuera del tablero político. En realidad, ya tiene medio cuerpo fuera: la Justicia Electoral ya le condenó por otra causa, haber abusado del poder que le daba la presidencia para beneficiarse en la última campaña electoral. Está inhabilitado hasta 2030, así que a día de hoy no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Aun así, públicamente Bolsonaro actúa como único y legítimo candidato de la derecha, lo que empieza a poner nerviosos a sus aliados.
El que tiene más papeletas para funcionar como recambio es el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ahora hace malabarismos verbales para defender a la potente industria paulista ante el golpe que pueden causar los aranceles de Trump, pero sin condenar abiertamente el ‘tarifazo’, para no enfadar al clan Bolsonaro. La ecuación es difícil: cuando Eduardo Bolsonaro se enteró de que Freitas estaba intentando dialogar con representantes de la embajada de EE UU en Brasilia para buscar alternativas a las barreras arancelarias le tachó de ingenuo y aseguró que se trataba de una falta de respeto hacia su trabajo. También criticó que haya borrado de sus redes sociales una foto suya con la gorra de MAGA (Make America Great Again), que en los últimos días corrió como la pólvora en las redes sociales.
