Durante una visita oficial a la capital argentina, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, planteó la implementación de un corredor humanitario regional para facilitar el retorno de ciudadanos extranjeros a sus naciones de origen. La propuesta fue presentada este martes tras sostener un encuentro con su homólogo argentino, Javier Milei.
Coordinación Regional y Cifras de Irregularidad
Kast enfatizó la necesidad de una cooperación estrecha entre las naciones del continente para gestionar el flujo migratorio que, a su juicio, ha impactado la estabilidad económica chilena. El mandatario electo detalló que ha iniciado conversaciones con líderes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador para articular este plan.
Según Kast, de los dos millones de residentes extranjeros en Chile, aproximadamente 300.000 se encuentran en condición irregular.
El presidente electo aclaró que, si bien una expulsión masiva inmediata es logísticamente inviable, el «corredor» servirá para la devolución ordenada de quienes no posean documentación.
El líder chileno hizo un llamado directo a quienes están en situación ilegal para que abandonen el país voluntariamente y postulen nuevamente por las vías regulares. De lo contrario, advirtió que la detección por parte de las autoridades implicará una prohibición de ingreso permanente.
‘Escudo Fronterizo’: El Plan de Seguridad de Kast
La política migratoria del nuevo gobierno se agrupa bajo el proyecto denominado ‘Escudo Fronterizo’, el cual guarda similitudes con las estrategias de control fronterizo de los Estados Unidos. Entre los pilares de este plan destacan:
- Infraestructura de control: Construcción de muros de 5 metros de altura, zanjas y vallas en puntos estratégicos.
- Tecnología de vigilancia: Uso de radares térmicos y drones equipados con sistemas de reconocimiento facial.
- Sanciones internas: Se penalizará severamente a empleadores que contraten a indocumentados y se prohibirá el arrendamiento de viviendas a personas en situación irregular.
Kast defendió el uso legítimo de la fuerza estatal en las fronteras y una reducción drástica del gasto público como medidas complementarias para frenar el narcotráfico y la migración descontrolada.
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