Un profundo rechazo social ha provocado el trato deshumanizado denunciado en la provincia de Morona Santiago, Ecuador, donde una madre perteneciente a la comunidad indígena Achuar recibió los restos de su hija de apenas un mes de nacida en una caja de cartón. El hecho, que se volvió viral tras la difusión de una fotografía, ya ha tenido consecuencias administrativas de alto nivel.
Vulnerabilidad y falta de asistencia
La víctima de este incidente, Yawa Sumpa Puar Alexandra, acudió al Hospital General de Macas debido a una emergencia respiratoria de su lactante. Tras el fallecimiento de la menor pocas horas después de su ingreso, la institución informó a la madre que la obtención de un féretro era su responsabilidad exclusiva.
La situación se tornó crítica debido a varios factores de exclusión:
Sin recursos financieros ni redes de apoyo en la ciudad, y con la dificultad de no dominar plenamente el idioma, la mujer no logró gestionar un ataúd de forma externa.
Al no encontrar soluciones por sus medios, el personal de salud optó por entregarle el cuerpo de la bebé dentro de una caja de cartón.
Con el cartón en brazos, la madre tuvo que movilizarse en transporte público durante tres horas hasta Taisha, desde donde finalmente pudo coordinar, gracias a la gestión municipal de esa localidad, un vuelo hacia su comunidad en la Amazonía y un cofre fúnebre digno.
Reacciones y sanciones oficiales
La comunidad Achuar ha calificado el suceso como una muestra de racismo y precariedad en el sistema de salud pública. «Es doloroso ver cómo nos tratan. Somos seres humanos», denunció un allegado de la familia que asistió a la madre durante el traslado.
Ante la magnitud de las críticas, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador tomó medidas inmediatas: El director del Hospital General de Macas fue separado de su cargo de forma definitiva, también se ordenó una auditoría interna para determinar las fallas en los protocolos de entrega de cuerpos y la falta de sensibilidad por parte del personal involucrado.
La cartera de salud calificó el procedimiento como «inapropiado» y prometió revisar las políticas de atención para pueblos y nacionalidades indígenas. Este caso ha reabierto el debate en Ecuador sobre la equidad en el acceso a la salud y el respeto a la dignidad humana en las zonas más apartadas del país.
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