El futuro del voto palestino en Israel

Abed Abou Shhadeh*

Al Jazeera

En las elecciones israelíes del 27 de octubre, 38 partidos se presentaron a las elecciones. De ellos, solo dos defendían la paz, la igualdad y el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Ambos eran partidos árabes, integrados por ciudadanos palestinos residentes en Israel.

Estos dos partidos lograron un resultado histórico, consiguiendo 19 escaños en la Knesset, después de que cerca del 80 por ciento de los ciudadanos palestinos emitieran su voto.

Esta participación sin precedentes contribuyó a que el primer ministro Benjamin Netanyahu no lograra la mayoría. Su bloque obtuvo 53 escaños, mientras que la oposición liderada por judíos consiguió 48.

La movilización electoral de los palestinos fue inmediatamente interpretada como una amenaza, y las comunidades palestinas ahora enfrentan una incitación intensificada por parte de miembros del bando de Netanyahu. El bando pro-Netanyahu ha alegado que las elecciones fueron «robadas» y ahora exige restricciones al «voto árabe».

De este modo, el éxito electoral palestino puso de manifiesto una cuestión incómoda para la política israelí: ¿qué ocurre cuando los ciudadanos que están informalmente aislados en la escena política, pero cuyo voto tiene formalmente el mismo valor, se vuelven lo suficientemente poderosos como para determinar quién gobierna?

Los ciudadanos palestinos se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿Pueden realmente determinar el resultado político y, de ser así, eso los convierte en ciudadanos iguales?

Inclusión formal, exclusión informal

Los ciudadanos palestinos de Israel se enfrentan desde hace tiempo a un dilema respecto al voto. Si no se movilizan para votar, el riesgo de que la derecha judía llegue al poder es alto. Si votan, no hay garantía de que su participación se traduzca en políticas que protejan o beneficien a sus comunidades.

En 1999, la participación árabe alcanzó aproximadamente el 75% en las elecciones, y los ciudadanos palestinos apoyaron mayoritariamente a Ehud Barak del Partido Laborista contra Netanyahu. Un año después, tras la visita de Ariel Sharon al recinto de Al-Aqsa y el estallido de la Segunda Intifada, la policía israelí asesinó a 13 ciudadanos palestinos. La indignación y la desilusión contribuyeron al boicot árabe de las elecciones de 2001, en las que la participación cayó a cerca del 19%. Sharon resultó ganador.

Hoy en día, la participación electoral palestina sigue teniendo gran influencia. Una mayor participación entre los palestinos significa menos escaños para los dos bloques principales —los partidarios y los opositores de Netanyahu—, lo que podría inclinar la balanza en la Knesset. Esto fue lo que ocurrió el 27 de octubre.

Sin embargo, esta posición potencialmente poderosa de los partidos palestinos se ha visto mermada por la negativa de los partidos liderados por judíos a colaborar con ellos en la formación de gobierno.

La lógica de esta exclusión quedó clara en abril de 2021, cuando el político ultraderechista Bezalel Smotrich rechazó el intento de Netanyahu de formar un gobierno apoyado por uno de los partidos palestinos, Ra’am. Smotrich argumentó que hacerlo fomentaría una mayor participación palestina, lo que permitiría a la comunidad palestina propiciar el regreso de la izquierda al poder en Israel. Por lo tanto, aceptar a los partidos palestinos supondría un desafío al dominio político de la derecha judía.

Finalmente, Ra’am se unió al efímero gobierno de coalición formado por Naftali Bennett y Yair Lapid, sin presentar demandas nacionales, pero su participación conllevó importantes concesiones en materia nacional. Por primera vez, los líderes políticos palestinos reconocieron a Israel como un Estado judío e incluso estuvieron dispuestos a dejar de lado la cuestión nacional para centrarse en asuntos civiles y socioeconómicos.

A pesar de estas concesiones, el gobierno de Bennett-Lapid acabó colapsando tras la dimisión de dos miembros de la coalición que se oponían a formar parte de un gobierno junto a representantes palestinos.

Netanyahu se dio cuenta entonces de que, para impedir la formación de cualquier futuro gobierno de cambio, necesitaba deslegitimar a los partidos palestinos y limitar su representación política.

Tras el 7 de octubre de 2023, los ciudadanos palestinos experimentaron una drástica reducción de su espacio político. Los estudiantes se enfrentaron a procesos disciplinarios por publicaciones en redes sociales; los empleados perdieron sus trabajos; y la expresión de opiniones contra la guerra provocó investigaciones policiales y detenciones.

El propio proceso electoral reflejó este clima. El Comité Electoral Central de Israel votó a favor de descalificar ambas listas electorales palestinas, junto con el diputado Ofer Cassif y el presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh. El Tribunal Supremo finalmente revocó la prohibición de dichas listas.

Mientras tanto, atacar a los palestinos, incluidos los ciudadanos palestinos de Israel, se convirtió en una táctica política habitual. Antes de estas elecciones, el medio Arabic Post analizó más de 10 000 publicaciones en redes sociales relacionadas con los comicios. Según su informe, el 40 % de las publicaciones de los candidatos del bando de Netanyahu se referían a árabes o palestinos, y el 94 % de ellas eran hostiles.

Más preocupantes aún fueron las redadas policiales en los domicilios de activistas de Ra’am en el Néguev, tras las sospechas de soborno electoral, que llevaron a la detención de tres hombres.

La policía reconoció haber realizado registros sin orden judicial y, posteriormente, informes cuestionaron la solidez de las pruebas. Los tres hombres fueron puestos en libertad. Sin embargo, el efecto dominó de estas acusaciones contribuyó a crear un clima de desconfianza hacia la comunidad palestina.

Ataques contra el voto palestino

En estas elecciones, tras años de represión e incitación, los ciudadanos palestinos no retrocedieron. Se organizaron, votaron en cifras sin precedentes y lograron un resultado extraordinario. Se arriesgaron al tomarse en serio su ciudadanía y al reivindicar su derecho a la plena igualdad política y a una participación significativa en la configuración del futuro del país.

Sin embargo, los partidos por los que votaron se enfrentan al aislamiento a menos que cumplan las condiciones establecidas por la oposición liderada por judíos: a saber, reconocer a Israel como exclusivamente judío, calificar a Hamás de organización «terrorista» y aceptar el servicio militar o nacional obligatorio, del que ahora están exentos los ciudadanos palestinos.

En otras palabras, los palestinos solo podrán acceder al poder político que les corresponde si capitulan por completo en la cuestión palestina, abrazan el sionismo y aceptan su condición de ciudadanos desiguales.

Paralelamente, la comunidad palestina también se enfrenta a una creciente incitación al odio, especialmente por parte del bando pro-Netanyahu. Políticos y figuras públicas lanzan acusaciones de manipulación electoral, insistiendo en que «los árabes robaron las elecciones».

El exvicepresidente del Knesset, Moshe Feiglin, llegó a afirmar que la movilización electoral palestina era el “7 de octubre” de la política israelí. Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, calificó a los ciudadanos palestinos de Israel como “el mayor peligro para la supervivencia del Estado de Israel, aparte de la amenaza nuclear iraní”.

Muchos ciudadanos palestinos temen ahora que el éxito político pueda acarrear más intimidación, restricciones o violencia en lugar de reconocimiento.

De este modo, la elevada participación electoral de los ciudadanos palestinos ha obligado a la sociedad israelí y a su clase política a afrontar la contradicción inherente entre la identidad de Israel como Estado judío y su pretensión de ser una democracia.

Este dilema fundamental podría resolverse, en última instancia, a favor del dominio político judío, lo que daría lugar a una legislación que socavaría aún más los derechos civiles palestinos y expandiría el sistema de apartheid y la supremacía judía.

No sería sorprendente que se presentara un proyecto de ley en la próxima Knesset con el único objetivo de restringir el derecho al voto de los palestinos. Ya se escuchan voces en las redes sociales que piden que se tome esa medida.

Una encuesta realizada en julio por el Instituto Israelí para la Democracia reveló que solo el 46 por ciento de los encuestados del sector judío de derecha apoyaba el derecho al voto de los ciudadanos palestinos.

En la realidad actual, tras el genocidio en Gaza, crece entre los israelíes judíos la sensación de que ya no existen límites a lo que pueden hacer, lo que empuja al Estado a actuar prácticamente sin restricciones hacia los ciudadanos palestinos.

Si la sociedad israelí no cambia de rumbo, su pretensión de democracia pronto podría dejar de sostenerse.

*Abed Abou Shhadeh es analista político y organizador comunitario radicado en Jaffa-Tel Aviv. Posee una maestría en Ciencias Políticas y fue miembro del Consejo Municipal de Tel Aviv-Jaffa entre 2018 y 2024, representando a la comunidad palestina