El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones directas contra el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. La medida se justifica por presunta supresión de la libertad de expresión y su rol en el actual proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Motivos de las Sanciones y el Caso Bolsonaro
De Moraes preside el caso penal contra Bolsonaro, a quien se le acusa de orquestar un complot para mantenerse en el poder, pese a su derrota en las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos judiciales politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro», declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado.
Las sanciones se impusieron bajo el amparo de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, diseñada para actuar contra perpetradores de abusos y funcionarios corruptos. Esta decisión implica la congelación de cualquier activo o propiedad que el juez De Moraes pudiera poseer en territorio estadounidense. Hasta el momento, ni el tribunal brasileño ni el palacio presidencial han emitido comentarios oficiales al respecto.
Escalada de Medidas y Conexión con Trump
Esta acción del Tesoro llega semanas después de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara restricciones de visa a funcionarios judiciales brasileños, incluyendo a De Moraes, el 18 de julio.
La situación se complejiza con la previa declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció un arancel del 50% sobre las importaciones brasileñas. En una carta que acompañaba este anuncio, Trump vinculó explícitamente la medida con lo que calificó como una «cacería de brujas» contra Bolsonaro, con quien parece identificarse. Ambos líderes han enfrentado acusaciones similares de intentar anular resultados electorales. Bolsonaro, de hecho, se encuentra bajo orden de usar una tobillera de rastreo por riesgo de fuga.
Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, celebró en X el anuncio del Tesoro, calificándolo de «hito histórico» y una advertencia de que «los abusos de autoridad ahora tienen consecuencias globales». Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en marzo y está siendo investigado por presunta colaboración con autoridades estadounidenses para impulsar sanciones contra funcionarios de su país.
Orden Ejecutiva y Reacción de Brasilia
En un desarrollo simultáneo este miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva para implementar el arancel del 50% sobre las importaciones brasileñas. La Casa Blanca justificó esta orden argumentando que las «políticas, prácticas y acciones recientes» de Brasil «constituyen una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos».
Esta nueva justificación contrasta con la original del 9 de julio, que se basaba en desequilibrios comerciales. Un dato relevante es que EE.UU. tuvo un superávit comercial de $6.800 millones con Brasil el año pasado. La orden firmada por Trump el miércoles invoca una ley de 1977, afirmando que las políticas brasileñas y el enjuiciamiento de Bolsonaro constituyen una emergencia económica.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había respondido previamente a Trump señalando que «no fue elegido para ser emperador del mundo», y ha defendido la soberanía de su país y la independencia del poder judicial. O Globo informó que Lula convocó a una reunión de emergencia con ministros tras los eventos del miércoles, y en un video difundido en redes sociales, el mandatario brasileño afirmó haber salido de un evento en Brasilia para defender «la soberanía del pueblo brasileño a la luz de las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos».
Flavia Loss, profesora de relaciones internacionales en la Fundación Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo, calificó las sanciones y el arancel como una «agudización» de las tensiones, destacando que no se trata de una disputa comercial habitual, sino del uso de herramientas comerciales para «coaccionar lo que sucede en Brasil». Human Rights Watch en Brasil, por su parte, calificó las sanciones como una «clara violación de la independencia judicial, un pilar de la democracia».
