La Defensoría Pública de Carabobo está a la orden para que quienes quieran acudir en busca de asesoría y defensa de los Derechos Humanos.
Así lo dijo Vilma Hernández, defensora pública en la región, durante el programa radial Dignidad y Justicia.
En el encuentro con el humanista Jhonny Vargas, Anna karina Estopiñan y Jean Carlos Mendoza, la defensora habló sobre el tema de la tortura y el trato cruel que tiene una pena de 15 a 25 años para los funcionarios que incumplan la ley, promulgada el 27 de julio del año 2013.
Indicó que hay otro tipo de delito que está establecido en el artículo 18 que es el de trato cruel.
“Allí también el sujeto activo es el funcionario o la funcionaria pública que va a someter o va a infligir un trato cruel a una persona, que está sometida o no, ya en su condición de privada de libertad, con la finalidad de castigarlo de quebrantar y desmejorar la resistencia física o moral”, explicó.
Recordó que la pena es muy alta, será sancionado con 13 a 23 años de prisión.
“El funcionario no tiene idea de la responsabilidad que tiene cuando es denunciado ante el ministerio Público”, añadió.
Además, se creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, encargado de monitorear la situación de los centros de detención y promover políticas públicas para prevenir la tortura.
Hernández indicó que la institución cuenta con 64 defensores públicos, hombres y mujeres de profundo conocimientos en materia de derechos humanos.
Puso a la orden la institución para que los ciudadanos acudan en busca de asesoría y defensa.
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