La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, se reunió con prestadores de servicios, trabajadores y autoridades de Tucacas, en el estado Falcón, para conocer perspectivas de recuperación turística en esa zona luego de las afectaciones por los terremotos del 24 de junio.
En el embarcadero “Gabriel Bastidas”, municipio José Laurencio Silva, lancheros, hoteleros, posaderos, pescadores, autoridades turísticas, concejales y el alcalde Osnel Arnias, hablaron con la funcionaria.
Lobato aclaró que la Defensoría del Pueblo no tiene como propósito sustituir las competencias de los organismos responsables de la reconstrucción de la infraestructura afectada, sino conocer cómo los daños ocasionados por los sismos están incidiendo en los derechos y en las condiciones de vida y trabajo de la población.
“No vinimos a elaborar un informe técnico, esa es una tarea que corresponde a los ingenieros y a los organismos especializados. Vinimos a preguntar dónde están los derechos de ustedes después de ocurrido el daño, qué sucede con el puente de Punta Brava y cuál es la situación de quienes trabajan y viven en esta zona”.
Explicó que su dependencia no tiene competencias para reconstruir infraestructuras, pero sí puede escuchar a las comunidades, verificar posibles afectaciones de derechos, promover la articulación institucional y llevar sus planteamientos ante los organismos correspondientes.
En ese sentido, y como algunos pescadores habían manifestado su intención de trasladarse a Caracas, preferió acercarse a escucharlos.
La Defensora consideró que Tucacas reúne condiciones para convertirse en una referencia de recuperación temprana para otras comunidades afectadas.
Aseguró que con un método de trabajo, una línea de tiempo clara, coordinación entre las instituciones y participación de las comunidades, esta zona del estado Falcón tiene posibilidades de avanzar en su recuperación en un plazo razonable.
Finalmente, reiteró que la Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las comunidades afectadas y promoviendo la articulación con las autoridades competentes para que la recuperación tenga como centro la protección de las personas y sus derechos.
