Tras un proceso judicial que pone de manifiesto la eficacia de la cooperación policial internacional, el Ministerio Público ha logrado la condena de una pareja en el estado Táchira por delitos de explotación y comercialización de contenido sexual de su hijo de seis años. El caso, que ha generado un profundo rechazo en la opinión pública, concluyó con sentencias diferenciadas para los progenitores luego de que ambos admitieran su responsabilidad en los hechos ante los tribunales correspondientes.
Detección e intervención de Interpol
La desarticulación de esta red de abuso fue posible gracias a una alerta emitida por la oficina central de Interpol en Bogotá, Colombia. Los organismos de inteligencia detectaron la circulación en plataformas digitales de material audiovisual de contenido explícito donde se identificaba a un menor de edad. Las autoridades remitieron esta información de inmediato al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lo que permitió localizar a los responsables y rescatar al infante.
Responsabilidades y sentencias dictadas
La investigación determinó roles distintos para cada uno de los acusados en la ejecución del crimen. El tribunal sentenció a la madre, Doralys Yohana Rivero Velasco, a ocho años, 10 meses y 20 días de reclusión tras confesar que no solo grababa las escenas, sino que también comercializaba los videos. Por su parte, el padre, Yunior Omar Guerrero Díaz, recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión; si bien no participó activamente en las grabaciones, la justicia lo halló culpable de omisión, al confirmarse que conocía las acciones de la madre y decidió abandonar el hogar sin denunciar el hecho ante las autoridades competentes.
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