Aprobados en primera discusión dos proyectos para incentivar la construcción y alquileres

La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, dos proyectos de ley que incentivarán la construcción y los alquileres en Venezuela.

Uno es la reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y el otro la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda.

Estas normativas buscan ofrecer garantías jurídicas para proteger a la ciudadanía y a los arrendadores.

Con la reforma de la primera se busca impulsar la construcción de nuevas viviendas por parte del sector privado, garantizándole mejores condiciones, seguridad jurídica y capacidad de financiamiento.

El proyecto estima destrabar el esquema de precios rígidos que impide absorber las variaciones de los costos de materiales e insumos durante la ejecución de las obras

Igualmente, resolver el tema del límite restrictivo de 24 meses como plazo máximo para la ejecución de las obras y proteger el flujo de caja mediante la flexibilización del régimen de recesión por impagos.

Mientras que con el proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles se estima otorgar incentivos económicos indexados, garantías bancarias y de seguros y establecer mecanismos para la resolución rápida de conflictos a través de arbitrajes, y así estimular el mercado de alquileres.

La propuesta de ley está conformada por cuatro capítulos que se agrupan en un total de 27 artículos.

El diputado Pedro Infante indicó que el proyecto legal busca crear mejores condiciones de seguridad y equilibrio jurídico y proteger al ciudadano a través de la creación de un mercado formal y atractivo para la inversión.

También se prohibirá alquileres en zonas de alto riesgo o infraestructuras precarias y se contempla el uso de depósitos en garantía o pólizas de seguros de hasta tres meses.

Además, se establece un plazo de hasta 15 días para el reintegro de estos fondos tras culminar el contrato de arrendamiento y cumplir con el proceso de verificación del estado físico del inmueble alquilado.

Para entrar en vigencia legal, ambos proyectos deben ser debatidos y aprobados en segunda discusión.