Diversas asociaciones de migrantes alertaron este lunes sobre las graves consecuencias de la retirada del ‘parole’ humanitario en Estados Unidos, un permiso temporal que beneficia a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Según los activistas, esta medida no solo separará familias, sino que también debilitará la economía estadounidense.
Impacto económico y social de la decisión judicial
Paul Christian Namphy, director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM), lamentó en una conferencia de prensa en Miami el fallo del Tribunal Supremo estadounidense del pasado viernes, que permitió la retirada de este programa migratorio. Namphy calificó la decisión de «cruel» y señaló que «la sociedad en general pagará por esto con las interrupciones laborales, con el impacto en la economía de Florida y la economía de otros estados».
Asociaciones como el Caucus Venezolano Americano, la Coalición de Inmigrantes de Florida y el Proyecto Libertad de Miami, entre otras, se unieron para denunciar la situación. Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, expresó su alarma: «Lo más alarmante es que esta ofensiva no va dirigida a quienes entraron al país de manera irregular ni a quienes violaron la ley. Está dirigida precisamente a quienes cumplieron con cada uno de los requisitos del sistema». Ferro lamentó que los migrantes hayan sido «traicionados» y aseguró que el objetivo final de esta política es convertirlos en blanco de deportación.
El ‘parole’ humanitario: Origen y beneficiarios
El ‘parole’ humanitario, creado bajo la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), permitía a nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando contaran con el patrocinio de un residente legal en el país.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos accedieron a EE. UU. bajo este programa. Muchos de los beneficiarios habían huido de la violencia en sus países de origen. La suspensión del programa los fuerza a regresar o a permanecer en Estados Unidos con el riesgo de ser deportados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Yarelis Méndez, de American Friends Service, sostuvo que el ‘parole’ «había salvado la vida de miles de personas que llegaron legalmente a Estados Unidos» y lamentó que la decisión, impulsada por la administración Trump, «devastaba a las comunidades afectadas». Ana Sofía Peláez, directora ejecutiva de Miami Freedom Project, criticó que el Supremo optó «por permitir la crueldad en lugar de la Justicia».
Ante este panorama, las asociaciones buscan ahora sensibilizar a la población estadounidense. Namphy afirmó que un objetivo clave es informar a los ciudadanos que «viven en un silo» y «no saben lo que está pasando con los migrantes», denunciando el uso de «mentiras» por parte de la administración para justificar sus decisiones migratorias.
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