La Corte Suprema habilitó a Donald Trump para retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, con lo cual quedan expuestos a deportación.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue concedido por primera vez en marzo del 2021, por la administración de Biden, alegando el aumento de la inestabilidad en el país. El beneficio fue ampliado en el 2023 y dos semanas antes de la toma de posesión del nuevo gobierno fue renovado por 18 meses más; pero la historia con Trump ha sido otra, pues él quiere ponerle fin.
Siete ciudadanos venezolanos amparados por el TPS y un grupo que representa a otros impugnaron la medida, argumentando en parte que la decisión estaba motivada por la hostilidad racial y política.
Las protecciones iban a expirar el 7 de abril, pero el juez Edward Chen ordenó una pausa. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Pero, este lunes, la orden de la corte suspende un fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.
Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.
El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración del presidente Donald Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.
La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permita terminar el permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.
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