Gerardo Vásquez, representante de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC), considera que se deben protagonizar las transformaciones necesarias para salir adelante con la crisis.
Habló de la evaluación de la desregulación laboral en materia de diferencia salarial entre activos y jubilados en la Administración Pública de Venezuela.
Dijo que por desregulación se entiende todos los procesos que los sistemas de organización interna de la Nación tienen para ir adecuándose a sus estrategias, sobre todo, para resolver la demanda de los trabajadores y el equilibrio que debe haber entre estos y los empleadores.
Señaló que encontraron que hay profundas variaciones que notan una desregulación en la cual se va perdiendo una serie de condiciones.
“También estas transformaciones tienen que ver con los cambios en la estructura de la economía venezolana”, señaló en entrevista con Sandy Aveledo, por POP 92.3 FM.
Indicó que se viene arrastrando una situación de crisis sostenida desde el año 2010, cuando hubo un incremento de una hiperinflación que afectó en 14 ceros los precios de 1998.
Recordó que un profesor titular está recibiendo 16,25 dólares mensual, junto con la cesta ticket y bonos; no obstante, considera que ante el deterioro por la devaluación y las reconversiones, poder pagar un salario para recuperar el nivel de vida de los venezolanos implica ponerle a una cifra 14 ceros más.
“No hay posibilidad de un aumento que pueda recuperar esto, tiene que haber una oportunidad para que se incremente la producción nacional y generar toda una serie de promociones a la inversión y generación de empleos para compensar los salarios”, añadió.
También cree que se debe reducir la confrontación política porque, por ejemplo, hay unas sanciones económicas que afecta la comercialización externa de Venezuela y eso trae problemas en el desarrollo del emprendimiento privado y público con las relaciones internacionales.
“Si eso mejora el salario mínimo podría llevarse a 200 dólares y admitir los bonos como salarios para mejorar los pagos de prestaciones sociales y, sobre todo, recuperar los pagos de previsiones en materia de salud y otros beneficios”.
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