El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó este viernes una norma federal que prohíbe la posesión de armas a personas condenadas por violencia de género. La decisión, tomada por ocho votos a favor y uno en contra, rechaza la argumentación de que esta restricción viola la Segunda Enmienda de la Constitución, la cual garantiza el derecho a portar armas.
El caso se centraba en Zackey Rahimi, un hombre de Texas que fue arrestado por amenazar a su pareja con un arma de fuego, violando una orden de alejamiento por violencia doméstica. La defensa de Rahimi argumentaba que la prohibición de armas violaba sus derechos constitucionales. La cuestión central del debate era si la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas incluso para individuos considerados peligrosos o si se pueden imponer restricciones en algunos casos.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en el fallo que «un individuo que un tribunal considere que representa una amenaza creíble a la seguridad física de otro puede ser desarmado temporalmente de conformidad con la Segunda Enmienda».
Esta decisión sienta un precedente importante y podría fortalecer las regulaciones federales sobre armas, que han sido objeto de controversia y debate en los últimos años, especialmente tras la decisión del mismo tribunal en 2022 de ampliar el derecho a portar armas en público.
Al respecto, el presidente Joe Biden celebró la decisión de la Corte Suprema y afirmó que «nadie que haya sido abusado debería tener que preocuparse de que su abusador consiga un arma». Añadió que «los sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias aún podrán contar con protecciones críticas».
Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también elogió la decisión, calificándola de «sentido común» y afirmando que «protege a las víctimas al mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas que representan una amenaza».
La decisión del Tribunal Supremo representa un paso importante para fortalecer la seguridad de las víctimas de violencia doméstica y para evitar que personas consideradas peligrosas puedan acceder a armas de fuego.
Con información de Agencia EFE.
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