El Ministerio Público restituyó la propiedad de un inmueble ubicado en La Castellana a una señora de unos 100 años de edad.
La mujer, identificada como Lola Josefina Landaeta, era la propietaria original del sitio, que se encontraba ilegalmente ocupado por un sujeto.
El hombre utilizaba el lugar como casa de citas y de fiestas, alterando el orden público del sector. Asimismo, no pagaba alquiler por la utilización del inmueble. Identificado como Víctor Mendoza, el ocupante incurrió en el delito de suposición de valimiento junto a un abogado identificado como Gustavo Mendiri. Ambos se apoderaron del sitio utilizando ciertas influencias en el mundo judicial.
Unos hombres conocidos como los hermanos Pugas también formaban parte del caso. Incluso, se presume que le pagaban a influencers para llevar a cabo campañas difamatorias.
