El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este jueves un balance sobre las acciones del Ministerio Público en la lucha contra el acoso escolar, revelando cifras que evidencian la magnitud del problema en el país. Durante una jornada de justicia de calle realizada en el Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda, en la parroquia Sucre, Saab informó que 341 personas han sido imputadas y 284 acusadas por su presunta implicación en casos de acoso escolar.
El titular del Ministerio Público enfatizó que las sanciones no se han limitado a adolescentes y jóvenes, sino que también han alcanzado a directivos y profesores que, según las investigaciones, mostraron negligencia ante situaciones de bullying.
«Se ha hecho un esfuerzo enorme para proteger a nuestros niños de este flagelo que se ha potenciado por el mal uso de las redes, donde pareciera que hacerle bullying (como dicen coloquialmente) a alguien que pueda sufrir alguna deficiencia cognitiva, alguna discapacidad o tener alguna situación en su aspecto que motive en forma negativa a grupos a que conviertan a ese niño, a ese joven en una víctima», recalcó el fiscal Saab durante su intervención.
Saab advirtió sobre las graves consecuencias del acoso escolar, señalando que estas acciones pueden derivar en deserción escolar e incluso intentos de suicidio por parte de las víctimas.
Ministerio Público impulsa acciones preventivas
Ante la gravedad de la situación, el fiscal general subrayó la importancia de la prevención y la sanción del acoso escolar. En este sentido, destacó que el Ministerio Público ha llevado a cabo 2 mil 974 acciones formativas en diversas instituciones educativas del país. Estas iniciativas tienen como objetivo concientizar a la comunidad educativa sobre la seriedad del acoso escolar y sus potenciales derivaciones legales.
Según Saab, estas jornadas de sensibilización han alcanzado a 115 mil 816 personas, lo que refleja un esfuerzo coordinado entre el Ministerio Público, el Ministerio de Educación e instituciones estadales y regionales para abordar esta problemática.
Con estas acciones, el Ministerio Público busca no solo judicializar los casos de acoso escolar, sino también fomentar una cultura de respeto y sana convivencia en los entornos educativos, protegiendo así la integridad y el bienestar de niños y jóvenes en Venezuela.
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