El Gobierno español anunció una reforma clave del reglamento de extranjería. La nueva normativa busca regularizar a decenas de miles de inmigrantes en los próximos tres años, adaptándose a leyes europeas y combatiendo el envejecimiento poblacional.
«La nueva norma se adecua a la legislación europea, además de tener en cuenta las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de España», explicó el Gobierno.
Simplificación de trámites y nuevas categorías
La reforma relaja requisitos para visados, amplía su duración y simplifica el papeleo. Además, reduce de tres a dos años el tiempo mínimo de residencia irregular para obtener automáticamente un visado.
Una nueva categoría regularizará a quienes tuvieron un primer permiso de residencia que caducó sin renovación. Los visados de estudiante se flexibilizarán, permitiendo hasta 30 horas de trabajo semanal, y se suavizarán las normas para la reagrupación familiar.
Entrada en vigor y preocupaciones de organizaciones
El nuevo reglamento de extranjería entró en vigor este martes 20 de mayo. Sin embargo, organizaciones advierten que deja en el limbo a solicitantes de asilo rechazados.
La ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que la norma busca «simplificar y agilizar los procedimientos», evitando la «presentación excesiva» de documentos y reduciendo los tiempos de espera. El reglamento, aprobado el 19 de noviembre, también busca mejorar la concreción jurídica de permisos, contemplar los derechos de migrantes trabajadores y clarificar cambios de estatus migratorio.
El reglamento incluye cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y arraigo de segunda oportunidad. La novedad es la homogeneización y la reducción del tiempo de permanencia a dos años, flexibilizando requisitos y permitiendo trabajar por cuenta ajena o propia desde el inicio.
A pesar de la flexibilización, organizaciones como Andalucía Acoge y Cáritas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo. Advierten que la reforma impide a solicitantes de asilo usar el tiempo de espera legal para pedir residencia si su protección internacional es negada. Aunque reconocen mejoras, señalan «aspectos relevantes» que impactan negativamente los derechos de estas personas.
El Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, alertó que la entrada en vigor de nuevos requisitos para el arraigo de solicitantes de protección internacional «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores».
El Ministerio defiende que el reglamento mejora la figura del arraigo, facilitando la integración de extranjeros irregulares con vínculos en España, permitiendo su acceso a residencia y trabajo. La titular de Migraciones indicó que la norma establece una disposición transitoria para que, en caso de denegación de asilo, las personas puedan «reconducirse rápidamente» a otra figura.
Contexto migratorio en España
De los 49 millones de habitantes de España, 6,3 millones son extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos, según el Instituto Nacional de Estadística.
La postura más abierta de España contrasta con la tendencia de partidos de extrema derecha antiinmigración en la Unión Europea. España, una de las principales puertas de entrada, registra miles de llegadas irregulares, principalmente a Canarias. En 2024, más de 54.000 personas llegaron irregularmente al país hasta el 15 de noviembre, un aumento de 7.400 respecto al año anterior.
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