La Corte Suprema de Estados Unidos impidió este viernes al gobierno de Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de venezolanos utilizando una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. La decisión judicial representa un revés significativo para la administración en su intento de acelerar las expulsiones de inmigrantes.
Con dos votos en contra, los jueces atendieron una apelación de emergencia presentada por abogados de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. El gobierno argumentaba que esta designación permitía deportaciones rápidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El tribunal extendió indefinidamente la prohibición de deportaciones desde un centro de detención en el norte de Texas, basadas en dicha ley. El caso será remitido a la Corte de Apelaciones del 5to Distrito federal, que previamente se negó a intervenir en abril.
Reacción de Trump y controversia legal
El presidente Donald Trump expresó su descontento a través de su plataforma Truth Social: «La Corte Suprema no nos permite sacar a los criminales de nuestro país».
Esta decisión se suma a una serie de reveses judiciales para el intento del gobierno de Trump de agilizar las deportaciones de personas sin autorización para residir en EE.UU. El presidente y sus partidarios han criticado la necesidad de proporcionar debido proceso a quienes consideran infractores de las leyes de inmigración.
La Corte Suprema ya había emitido una suspensión temporal de las deportaciones el mes pasado, señalando que los funcionarios parecían «listos para llevar a cabo las expulsiones de manera inminente».
Disputa legal sobre la Ley de Enemigos Extranjeros
El caso se enmarca en una serie de litigios sobre la proclama de Trump en marzo, que designa a la banda Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y busca usar la ley de 1798 para deportaciones.
La corte se centró en el derecho de las personas a impugnar su expulsión, sin pronunciarse sobre la validez del uso de la ley por parte de Trump. «Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno, así como la necesidad de que tales intereses se persigan de manera congruente con la Constitución», señalaron los jueces en una opinión no firmada.
Al menos tres jueces federales han cuestionado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones expeditas. Sin embargo, una jueza en Pensilvania aprobó su uso en un caso similar.
Decisiones judiciales divergentes y disidencia
La aplicación de la ley varía según el tribunal, derivado de un fallo previo de la Corte Suprema que exige impugnar deportaciones en el lugar de detención.
La corte estableció que 24 horas no son suficientes para impugnar deportaciones, pero no especificó un plazo adecuado. Una jueza federal fijó 21 días.
La Corte Suprema aclaró que no bloqueará otras vías legales para deportaciones
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su disenso. Alito criticó la decisión de la mayoría, mientras que el juez Brett Kavanaugh, aunque coincidió con la mayoría, abogó por una resolución definitiva inmediata. «Las circunstancias exigen una resolución rápida y final», afirmó Kavanaugh.
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